Castigar más la corrupción, ¿o impedir que ocurra?

En su penúltima sesión como representantes populares de los coahuilenses, quienes integran la 61 Legislatura del Congreso del Estado aprobaron ayer una reforma al Código Penal de Coahuila mediante la cual se endurece el castigo para funcionarios públicos que incurran en actos de corrupción y estos se traduzcan en enriquecimiento ilícito.

“Los integrantes de esta comisión, estimamos que aunque en nuestro Código ya se encuentra prevista la figura de enriquecimiento ilícito consideramos que debe reforzarse nuestra legislación a fin de diseñar un marco jurídico que resulte eficaz en el combate a todo acto de corrupción”, dice el dictamen aprobado por el pleno.

Con este argumento como estandarte, el Pleno Legislativo aprobó reglas para que se investigue a quien incremente de forma desproporcionada su patrimonio, de acuerdo con lo declarado al asumir su cargo y que no acredite la legítima procedencia de dicho incremento.

Además, de comprobarse el delito se le confiscarían los bienes o valores que hubiera obtenido de forma ilícita y se le impondría como pena adicional la obligación de reparar el daño que hubiera causado.

Resulta tentador creer que el hecho de endurecer las penas con las cuales se castiga un delito constituye un disuasor eficaz en el proceso de impedir que las conductas indeseables se materialicen. Y ciertamente el temor al castigo es un disuasor, pero no necesariamente el más eficaz.

Lo anterior es más cierto en la medida en la cual la experiencia a la vista de todos indica que, aún cuando los actos de corrupción de nuestros políticos sean descubiertos, documentados e incluso ampliamente expuestos ante la opinión pública, las tasas de impunidad rondan el 100 por ciento.

Por ello, aunque nunca está de más prever castigos severos para los delitos, ante una realidad como la nuestra lo más importante no es pretender que “todo el peso de la ley” caiga sobre quienes aprovechan su posición en el servicio público para enriquecerse. Lo más importante es impedir que eso ocurra.

En este sentido, la pregunta que nuestros legisladores deberían hacerse es: ¿por qué, a pesar de la existencia de tantas leyes y de la creación de un enorme aparato burocrático para combatir la corrupción, esta sigue existiendo?

La respuesta es simple: porque los controles para impedir su reproducción son absolutamente ineficaces, porque la discrecionalidad sigue siendo la regla de oro en el ejercicio del poder público y porque las redes que se benefician de ella tienen ramificaciones que llegan a todos los rincones de las instituciones públicas.

¿Cómo rompemos este círculo vicioso? Ciertamente no lo vamos a lograr amenazando con más severos castigos penales a quienes se benefician de la corrupción, sino estableciendo los controles que impidan la concreción de los actos de corrupción.

Ojalá que la próxima generación de representantes populares de Coahuila, que entrará en funciones en unos días, oriente sus esfuerzos a diseñar las reglas que garanticen, no la posibilidad de que la corrupción se castigue severamente, sino que esta no ocurra.