Policías: ¿por qué siguen siendo objeto de quejas?
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Lo menos que se esperaría de las instituciones es un posicionamiento claro que implique asumir a cabalidad sus responsabilidades legales, es decir, un posicionamiento que rechace cualquier exceso en el ejercicio de la función pública.
De acuerdo con el informe mensual de quejas y denuncias emitido por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, al inicio de 2021 los elementos de la Policía Estatal, así como los agentes penitenciarios, y de las policías Municipal, e Investigadora y los ministerios públicos siguen acumulando un número importante de quejas por su actuación.
En promedio, durante el primer mes de este año las corporaciones mencionadas acumulan tres quejas diarias ante la CDHEC, lo cual constituye una cifra similar a la que registraban al cierre de 2020.
Se trata, es importante precisarlo, de señalamientos que realizan las personas que consideran haber sido víctimas de actuaciones indebidas por parte de dichos servidores públicos.
Los señalamientos tienen que ver con presuntos actos de ejercicio indebido de la función pública, detención arbitraria, falsa acusación, lesiones, allanamientos de morada, amenazas, retención ilegal, robo y dilación en la procuración de justicia.
La CDHEC tendrá que evaluar cada queja y, en su caso, emitir una recomendación en caso de encontrar que, tal como lo señalan los denunciantes, se incurrió en las faltas que se imputan. En tanto, los señalamientos constituyen esencialmente un fenómeno de carácter estadístico.
Pero incluso en esta circunstancia, las cifras relativas a los señalamientos representan un indicador relevante que debería encontrar en las instituciones públicas mencionadas una respuesta puntual.
La respuesta más importante tiene que ver con fijar una posición clara respecto del malestar que produce entre la ciudadanía la actuación indebida de quienes integran estas corporaciones.
De conformidad con el principio de presunción de inocencia no es válido afirmar que todos los señalamientos que implican las quejas ante la Comisión deben dar paso a una condena en la actuación de los servidores públicos, pero al mismo tiempo es necesario no desestimar las denuncias.
Y en este sentido, lo menos que se esperaría de las instituciones públicas es un posicionamiento claro que implique asumir a cabalidad sus responsabilidades legales, es decir, un posicionamiento que rechace cualquier exceso en el ejercicio de la función pública.
En línea con dicho posicionamiento sería de esperar un compromiso claro con la instauración de políticas tendientes a erradicar cualquier conducta que vulnere los derechos humanos de las personas en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas las corporaciones de seguridad.
Y es que solamente un compromiso de este tipo puede abonar a la transformación de la cultura de excesos que ha caracterizado históricamente a quienes tienen, como agentes del Estado, el monopolio del uso de la fuerza.
Comprometerse con la erradicación de los excesos es la única ruta para construir una sociedad verdaderamente igualitaria en la cual los ciudadanos de a pie podamos sentirnos efectivamente seguros y, a partir de esta circunstancia, podamos construir una relación de confianza con las autoridades.
