Un nuevo árbitro electoral en Coahuila

Ayer tomaron posesión de sus cargos los sietes ciudadanos que fueron designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para encabezar el órgano de gobierno de la nueva autoridad comicial de nuestra entidad: el Instituto Electoral de Coahuila.

Lo hicieron en una circunstancia inusual: sin contar con una sede oficial, sin tener presupuesto para operar, sin una estructura operativa que les permita comenzar a desarrollar su función.

No es la primera ocasión que en Coahuila -o en cualquier otra entidad de México- se extingue una institución y nace una nueva. Es la primera ocasión, sin embargo, en la cual el nuevo organismo no recibe del anterior los recursos humanos, técnicos y financieros con los cuales se había desarrollado la función que tiene encomendada.

Es una rara circunstancia en la cual le ha tocado surgir a la vida pública al organismo público que tendrá, como primera encomienda importante, organizar la elección mediante la cual se renovarán los poderes Ejecutivo y Legislativo de Coahuila, así como sus 38 ayuntamientos.

Se ha ofrecido -como corresponde- actuar con independencia y autonomía en el cumplimiento de las responsabilidades oficiales. Un ofrecimiento que vale la pena aquilatar, sobre todo si se toma en cuenta que, al menos por lo que pudo verse ayer, ni al Instituto Nacional Electoral, ni al Gobierno de Coahuila pareció importarles mucho la absoluta carencia de recursos del nuevo órgano electoral para realizar sus funciones.

Valdrá la pena ver, en los próximos días, que de uno y otro lado se ocupen en dotar a la novel institución de lo necesario para desarrollar sus funciones. Y en esto valdrá la pena recordar que, de acuerdo con el texto constitucional, la electoral es una función de Estado que se deposita en un órgano dotado de autonomía, una característica que debe servir para garantizar la renovación democrática de los poderes públicos.

No estamos hablando de cualquier cosa, sino de una función relevante en el ámbito de las aspiraciones democráticas de una sociedad. 

Y si tales aspiraciones son en serio, resulta llamativo -por decir lo menos- que se permita el surgimiento de una institución, como el Instituto Electoral de Coahuila, en las condiciones en que ésta ocurrió ayer.

La nueva generación de consejeros ha hecho lo que le correspondía: asumir con profesionalismo su responsabilidad, a pesar de la incertidumbre que les rodea. Han tomado posesión del cargo a pesar de no contar con ningún recurso material o económico que les permita garantizar el cumplimiento de sus funciones.

Sería de esperarse que tal incertidumbre desaparezca pronto, pues la tarea que tienen a cuestas no es menor y no puede llevarse a cabo si no se cuenta con la garantía de un presupuesto. Cabe esperar en ese sentido, que el Congreso de Coahuila actúe con celeridad para dotar a la nueva institución de los recursos que necesita para cumplir sus funciones.