¿Puede el Tribunal Constitucional Local revisar una reforma constitucional?

El Tribunal Constitucional de Coahuila resolvió un precedente importante para el régimen interno en materia de control de una reforma del poder revisor: el procedimiento rígido para aprobar una reforma a la Constitución Local, en efecto, es revisable a través de la acción de inconstitucionalidad para asegurar el debido proceso legislativo que garantice una auténtica deliberación mínima de la voluntad general que se convertirá en Ley Suprema Coahuilense.

Esta tesis del control judicial en la conformación, formal y material, de las leyes constitucionales es una doctrina consolidada en los tribunales contemporáneos. Desde hace tiempo ya quedó rebasada la idea de que una reforma constitucional no es revisable. Por una simple idea: las autoridades legislativas deben sujetarse a la Constitución. Si no lo hacen, el juez es el encargado de revisar su actuación para asegurar que la norma constitucional resulte formalmente válida.

No es, por supuesto, un control absoluto del juez ni sustitutivo del legislador. Es más bien un control prudente y razonable que debe ejercerse bajo la teoría del legislador racional.

Para las tendencias conservadoras es una doctrina quizás novedosa. Para la legislación de Coahuila, por el contrario, es un imperativo legal, claro, expreso y terminante. Desde 2001, la Constitución de Coahuila y su Ley Reglamentaria de Justicia Constitucional Local establecen que, por vía de acción de inconstitucionalidad, es procedente revisar el procedimiento de una reforma constitucional local, de manera formal e incluso material. En Coahuila, en efecto, se puede revisar por el juez hasta la constitucionalidad material de una ley fundamental, por medio de las cláusulas de intangibilidad.

Desde hace más de 20 años se recoge en nuestra ley fundamental local la doctrina alemana del control judicial de las reformas constitucionales. Nuestro Tribunal Constitucional Local, por ende, debe aplicar su ley constitucional que lo rige para revisar, formal y materialmente, la constitucionalidad de una reforma fundamental. Una posición contraria resulta desleal e ignorante con el propio texto de nuestra constitución local.

Pero, además, resulta importante que, por primera vez, el máximo órgano judicial de nuestro estado establezca un precedente relevante para el legislador conforme a la teoría de la deliberación mínima: toda mayoría parlamentaria, dijo el Tribunal, debe sujetarse a las formas prescritas de la constitución local, para asegurar en forma válida una voluntad general. La sentencia local desarrolla un criterio importante para el legislador racional: toda norma debe asegurar un principio de deliberación mínima.

¿Qué significa? Que el legislador motive, en su proceso de aprobación, las razones que lo llevan a hacer la ley, de tal manera que siempre debe haber un dictamen previo de la comisión respectiva para que un órgano plural que participa en la discusión, pueda razonar las ventajas o desventajas de hacer una determinada norma que va aplicarse en una comunidad. Solo así la norma es válida.

EL SENTIR DE LOS AYUNTAMIENTOS

El caso resuelto por el Tribunal plantea una interpretación directa de la Constitución Local sobre el sentir de los ayuntamientos como requisito para aprobar una reforma constitucional. Es decir, el Tribunal dijo que para cumplir con la aprobación de la mayoría de los ayuntamientos en una reforma constitucional, los cabildos deben deliberar en forma mínima el proyecto de reforma

Este precedente asegura que, de ahora en adelante, los cabildos tengan que garantizar una motivación mínima para aprobar una reforma constitucional porque al ser las instancias más representativas y cercanas de la ciudadanía, su sentir, en sentido racional, debe garantizar una deliberación que asegure a la ciudadanía que el proceso de una reforma constitucional cuenta con la expresión genuina de un debate racional.

Esta sentencia, elaborada bajo la ponencia de la magistrada María del Carmen Galván, representa un avance muy significativo del control de las mayorías parlamentarias frente a una minoría: el voto mayoritario no puede aprobar (fast track) las reformas constitucionales, sin deliberación.

Este precedente representa el nuevo rol que nuestro Tribunal Constitucional Local asume, conforme a la ley, para asegurar la vigencia de nuestra constitución. Implica, sin duda, la nueva doctrina judicial que ha venido desarrollando en temas importantes, como lo fue el caso de la libertad de circulación en tiempos de COVID, el derecho al agua de las personas migrantes, la doctrina de juzgar con perspectiva solidaria, la revisión judicial del derecho a la información pública, el derecho a la búsqueda de personas desaparecidas, entre otras sentencias relevantes. Hoy nuestro Tribunal Constitucional Local cuenta con una doctrina judicial más solida para asegurar la vigencia de la Ley Suprema Coahuilense.

Esta sentencia, finalmente, fue resultado de observar la garantía de la justicia abierta conforme a la norma local: todo el procedimiento, desde su inicio hasta su conclusión, fue con la máxima transparencia y resuelto en un plazo breve desde que se presentó por la mínoría parlamentaria, a principios de año. La magistrada instructora convocó, incluso, a la ciudadanía a participar en su discusión a través del llamamiento de amicus curiae, se publicó todo el expediente en línea, se hizo público el proyecto de sentencia en sesión pública previa y, previa citación, en sesión pública se discutió y resolvió por el Pleno con una transmisión en vivo.

Es, a mi juicio, un gran precedente que marca una referencia nacional: controlar a las mayorías parlamentarias bajo el principio de deliberación mínima.