Revocación de mandato,
¿qué está realmente en juego?

El Instituto Nacional Electoral informó ayer que ha validado ya firmas de respaldo, para la realización del ejercicio de revocación de mandato, en un número superior a las requeridas de acuerdo con las normas constitucionales. Tal hecho pareciera despejar toda duda respecto de que el ejercicio se llevará a cabo el próximo mes de abril.

Como se ha documentado de forma profusa en las últimas semanas, el ejercicio de revocación se ha convertido en un motivo de enfrentamiento constante entre el Gobierno de la República –más bien entre el presidente Andrés Manuel López Obrador– y el Instituto Nacional Electoral, debido a la petición de dicha institución de mayores recursos para llevar a cabo lo que es, para todo efecto práctico, una elección constitucional.

Poco parece importar a estas alturas cómo dio inicio la confrontación y cuáles fueron los motivos puntuales del diferendo. Lo que importa es que se ha convertido en un episodio más de esos en los que la “victoria” o la “derrota” dependen sólo de la habilidad de las partes para incidir en el estado de ánimo de la ciudadanía.

Poco importa que a nadie convenga ver, al final de este episodio, a un INE “derrotado” porque se trata de una institución que se ha construido –con grandes dificultades– sobre cimientos que dependen de la confianza que inspire. Y si termina “perdiendo” esta confrontación la confianza que le tenemos –en términos generales– podría verse seriamente perjudicada.

Poco importa que, desde cualquier lógica que se le analice, organizar una consulta nacional para preguntarle a las personas si quieren que concluya anticipadamente el mandato de López Obrador sea un verdadero despropósito y un auténtico desperdicio de dinero. Todos los argumentos lógicos parecen haber quedado atrás.

Y es que a estas alturas, cuando está claro que se reunirán sobradamente las firmas necesarias para que el ejercicio sea “obligatorio”, lo único que importa ya, es en qué condiciones va a realizarse.

El INE enfrentará, a partir de hoy y durante los próximos 81 días, la presión de organizar un ejercicio que implica instalar cientos de miles de mesas receptoras de votos y garantizar que todos los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores podamos participar en él.

Pocas dudas existen de que, tal como ocurrió con la primera consulta popular (teóricamente convocada para decidir si se llevaba a juicio o no a los expresidentes), este ejercicio tendrá una participación escasa –es decir, no será vinculante, cualquiera que sea su resultado– y el Presidente será “ampliamente ratificado” por los votantes.

Ese, por desgracia, podría no ser el resultado más significativo de la jornada, sino el que, debido a la prolongada y agria polémica promovida desde Palacio Nacional, el Instituto Nacional Electoral sea el principal “derrotado” al final del día. Esperemos que no sea esta indeseable realidad la que se actualice.