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El gobierno de Guanajuato, encabezado por Juan Manuel Oliva (PAN), negó entregar información de las declaraciones patrimoniales del ex presidente Vicente Fox de 1995 a 1999, cuando fue gobernador de esa entidad, a la Cámara de Diputados, como consta en diversos oficios en poder de EL UNIVERSAL, e incluso espera el aval del mismo Fox para brindar los datos.
La administración estatal ha puesto pretextos para no brindar información a la Cámara Baja sobre las declaraciones patrimoniales de Fox como gobernador, lo que va en contra del discurso del PAN y foxista de apertura y transparencia.

El 21 de noviembre inició la petición hacia el Congreso del estado. Ahora en sus manos, el gobierno estatal alude que el mismo Fox debe dar su consentimiento para hacer llegar la información a los diputados que lo investigan por un supuesto incremento irregular en su patrimonio.

Los motivos para no hacer llegar información a la comisión especial han sido varios: trámites burocráticos, tardanza y apego a la ley vigente.

Y es que según el gobierno panista, por ley sólo puede hacer llegar los expedientes a los diputados federales en "situación de urgencia" cuando peligre la vida o la integridad de alguien; cuando se entregue por razones estadísticas, científicas o de interés general; cuando se transmitan entre sujetos obligados por la ley; cuando exista orden judicial, y cuando el tercero obligado contrate a terceros para la prestación de un servicios que requiera tratamiento de datos.

Como desde el punto de vista del gobierno de Guanajuato la petición emitida desde San Lázaro no cumple con esos requisitos, en el último oficio enviado a la comisión se hizo saber que ahora deben pedirle permiso al ex presidente Vicente Fox.

"Esta instancia realizará el trámite correspondiente respecto del consentimiento o no del c. Vicente Fox Quesada para la cesión de su información patrimonial", dice el último párrafo del oficio numero 1014/2008 de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, adscrito a la Secretaría de la Gestión Pública del gobierno de Guanajuato, cuya copia tiene este diario.

Apenas el 12 de febrero, el gobierno de Guanajuato le preguntó a Fox si otorga o no su consentimiento para proporcionar la información. Hasta el cierre de la edición el ex mandatario panista no ha respondido.

El presidente de la comisión especial Fox, Víctor Valencia de los Santos (PRI), denunció que a pesar de tener un discurso de apertura, diferentes dependencias del gobierno, como el IPAB y el SAT, bloquean el trabajo de ese órgano legislativo y ocultan la información, además de que entorpecen las indagatorias.

La comisión tiene vigencia hasta el 11 de abril.

Según copias de documentos y oficios en poder de este diario, desde el 21 de noviembre del año pasado inició el viacrucis para el presidente de la comisión Fox, quien solicitó la información de la documentación.

Desde entonces, hasta este 1 de marzo, al menos seis comunicaciones se han generado entre los diputados federales y el Congreso estatal de Guanajuato, así como por el gobierno, sin un resultado definitivo.

La semana pasada, Víctor Valencia pidió que le hagan saber la decisión en cuanto el ex presidente Fox emita una respuesta para dar a conocer su declaración patrimonial.