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En México, mil 500 niñas, niños y adolescentes han sido asesinados durante la lucha contra el narcotráfico
México.- La pobreza se visibiliza en cada pasaje, calle y avenida de México. En las zonas turísticas, la escasez se esconde, pero al caminar, los transportes públicos, las banquetas, los locales, las casas y las personas construyen la verdadera cara del país. La falta se amalgama con cada rasgo de preocupación, rostros llenos de hambre, de silencio, ocupado de voces: la pobreza es "recoger comida que las personas tiran porque ya no sirve".

Así expresa Benito, de 13 años, en el estudio Pobreza infantil en América Latina y el Caribe 2010, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

En México, mil 500 niñas, niños y adolescentes han sido asesinados durante la lucha contra el narcotráfico. Efecto "colateral" le llaman. Al mismo tiempo, las cifras se elevan en problemas como la extrema pobreza, la obesidad, y la explotación sexual y laboral, estas últimas han logrado posicionarse en el ámbito mundial. Dificultades que no pueden resolverse con la Ley General para la Protección Integral de los Derechos de la Niñez, señala Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

La escasez incrementa a pasos rápidos, según el estudio de la CEPAL, en 2007, comenzó a aumentar la pobreza de los niños mexicanos; superando entonces el 11 por ciento de la población total, es decir, 4.3 millones. Para 2011, la cifra se triplica, México ya ocupa el primer lugar en pobreza infantil entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con 15.8 millones de infantes que trabajan desde temprana edad, son analfabetas y/o con ausencia de servicios de salud, o bien se encuentran en estado de indigencia.

Por su parte, los legisladores teniendo la oportunidad de generar un marco jurídico que pudiera cambiar esta y otras situaciones no la están aprovechando. Así lo indica Carmen Pérez, miembro de World Vision Mexico: La Ley general para la Protección Integral de los Derechos de la Niñez establece derechos, pero no los garantiza, ya que "tiene un enfoque en el que sólo se ve a los niños y a las niñas como objetos, y son sujetos de derechos. No visibiliza a las diferentes infancias" ni tampoco sus diferentes problemas.

Sin soluciones para la desnutrición ni la obesidad

La situación de un millón 200 mil niños en estado de desnutrición y los 5 millones de escolares que sufren de sobrepeso, no obtendrán una solución con una ley asistencialista, que no ha pasado por la opinión de la ciudadanía ni de especialistas en el tema, indica Alejandro Calvillo, de El Poder del Consumidor.

Naturalmente, según el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas (UNICEF), esta enfermedad es una de las causas de deserción escolar, ya que disminuye la motivación, curiosidad, capacidad de juego y exploración del niño que la padece; lo cual tiene consecuencias en el deterioro de su desarrollo mental cognitivo y de la adquisiciónde actividades psicomotoras.

No obstante, a pesar de la importancia de este problema a nivel internacional, Alejandro Calvillo recalca que el Proyecto de Ley goza de "un grado de improvisación e ignorancia impresionante", pues no toma en cuenta el Acuerdo Nacional sobre Salud Alimentaria que trata sobre ambientes saludables en las escuelas y de garantizar el acceso a agua potable en los centros de educación.

Esta ley necesita ajustes estructurales, porque no específica quiénes y cómo se aplicarán los derechos enunciados. Tras la modificación de los artículos 1, 4 y 73 constitucional, esta ley representa una oportunidad histórica para renovar la promoción y protección de los derechos de la infancia, declara Martín Pérez García, Director Ejecutivo de REDIM.

Por lo cual, dicho organismo, el UNICEF, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entre otras asociaciones, además de la Red de Derechos para Todos, exigen que el Proyecto de Ley se abra a un debate, pues carece de los elementos necesarios para la protección de la niñez y se ha realizado a espaldas de la sociedad. Es necesario que se legisle con calidad, si no es así de otra manera no va a ser útil, incluso puede representar una regresión, recalcó Pérez García.

Niñez mexicana, vulnerable a la pornografía infantil

La población infantil mexicana es de poco más de 39 millones, no solamente la pobreza extrema es uno de los problemas que la aqueja. México ocupa el segundo lugar mundial en pornografía infantil, señala Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas de la Cámara de Diputados.

Además, la pornografía infantil ha estado incrementando, en vista de que en 2005, según el documento Trata de seres humanos, se estimaba que México era "uno de los cinco países de América Latina donde la pornografía y prostitución infantil constituían problemas graves, con alrededor de 16 mil menores en esta situación".

Este fenómeno que aqueja a las niñas, niños y adolescentes no es atacado por la ley. En el dictamen se menciona el término pornografía infantil para definir que la niñez tiene el derecho a la protección de sus datos personales; no obstante, no determina qué harán en torno a la prevención del delito, expresa Xóchitl Meseguer, de la Organización para el Desarrollo Social y la Educación para todos (ODISEA).

Además, comenta, el documento sólo contiene observaciones y comentarios de la Convención sobre los Derechos de la Niñez y del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, pero no plantea cómo se resolverán dichas observaciones, tampoco se faculta a algún órgano para llevarlas a cabo.

Indefensos ante la Trata

La infancia está desprotegida, puede ser víctima de trata con la Ley general para la Protección Integral de los Derechos de la Niñez, señala Mónica González, Consejera de la CDHDF.

Aunque "no es competenciade esta ley tocar el tema de la trata de los infantes, porque ya hay una propuesta de Ley de Trata de Personas. Lo que le corresponde es establecer mecanismos de protección, pero sobre todo enfocado hacia términos preventivos, es decir, cuáles son las condiciones que generan un riesgo para ser víctima de trata en las niñas, niños y adolescentes, una de las poblaciones más vulnerables a ser víctima", indica Mónica González.

Por su lado, Pérez García (REDIM) explica que "en el Proyecto de Ley se enuncia el derecho a la protección frente a temas como la trata o la explotación sexual, pero no existen mecanismos ni medios de articulación para que esto se haga eficaz". A pesar de que está por aprobarse en el Senado la Ley General de Trata de Personas, ninguna de las dos leyes se vincula.

Es preocupante además de que sólo se enuncia la trata, que no se asume ni se reconoce con una implicación con el crimen trasnacional. Cosas como estas son las que la ley no toma en cuenta, señala Pérez García, de modo que el impacto de los grupos criminales sobre la infancia también pasa de largo, asunto bastante grave, porque en este país ya no podemos hacer leyes ni hablar de cualquier problema social sin reconocer la presencia del crimen organizado.

Según el director ejecutivo de la coalición de 73 organizaciones dedicadas a la promoción y protección de los derechos de la infancia, el Proyecto de Ley debería tener "marcos orientadores para la prevención de la trata de niños y niñas. Por ejemplo, que las víctimas niños y niñas de trata puedan tener la posibilidad de denunciar por sí mismos. Nuestro marco jurídico obliga a que un niño sea representado por un adulto. Eso es una imposibilidad para que un adolescente víctima de trata pueda ir directamente a un Ministerio Público y denunciar. La ley no provee esos mecanismos".

Acuerdo partidista detiene aplicación de derechos de la niñez

"Existen rumores de que hay un acuerdo político entre los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y el gobierno federal para sacar el Proyecto de Ley General para la Protección Integral de los Derechos de la Niñez junto con una reforma de Ley de Asistencia". Están tratando de fortalecer al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), apunta Pérez García.

De acuerdo con Xóchitl Meseguer, de la ODISEA y Redim han insistido en que es poco apropiado reforzar al DIF, ya que es un organismo asistencial; no es el encargado de los derechos de la infancia y además, si fuera así no tendría la capacidad y la infraestructura para poder hacerlo de manera adecuada.

"Es necesario replantear la forma en que este país está viendo a los niños y niñas. Hay segmentos de la población infantil que deben ser atendidos desde la asistencia, pero no es así en el caso de la mayoría. Necesitamos en consecuencia comenzar a trabajar en torno a sus derechos", recalca Pérez.

Los académicos, especialistas, organismos de la sociedad civil, están sorprendidos de que la ley haya sido aprobada en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. "Y que ya vaya a ser votada tan rápidamente en el pleno. Estamos esperando a que la rechacen y abran un proceso participativo, para la construcción de una ley que cumpla lo establecido y realmente comprometa recursos a favor de la infancia y la adolescencia", indica Mónica González Contró, de la CDHDF.

"Extraña un poco, si está movido por intereses oscuros, por qué tanta celeridad y prisa por aprobar una ley que no está respaldada por la sociedad. Quizá responda a intereses políticos", recalca la también investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Posiblemente no quieran retomar el tema en el siguiente sexenio. O bien, puede tratarse del diseño institucional que va a ser heredado o con el cual tendrá que operar el siguiente gobierno. Es algo que compromete la agenda.

"Se ha alegado que no puede haber nuevos financiamientos y que no habrán más recursos asignados, por lo cual se tiene que operar con lo que ya está. Esa misma austeridad quisiéramos verla reflejada en las campañas políticas o en el sistema electoral, o en tantas cosas en donde vemos un dispendio escandaloso ante las condiciones que está viviendo nuestro país", explica Mónica González.