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Ante la ola de violencia que se ha registrado en México en los últimos años, se requiere una política de Estado en materia de seguridad que incluya, además de reformas legales o institucionales, la participación ciudadana y el respeto a los derechos humanos; de lo contrario, "se anulará la capacidad de defensa del Estado y la sociedad" ante el fenómeno de la criminalidad
Ante la ola de violencia que se ha registrado en México en los últimos años, se requiere una política de Estado en materia de seguridad que incluya, además de reformas legales o institucionales, la participación ciudadana y el respeto a los derechos humanos; de lo contrario, "se anulará la capacidad de defensa del Estado y la sociedad" ante el fenómeno de la criminalidad.

Esas son algunas de las conclusiones de académicos, especialistas en seguridad, políticos, miembros del Poder Judicial, integrantes de organizaciones no gubernamentales y representantes de medios de comunicación, reunidos en el foro Seguridad en Democracia.

En este encuentro de dos días, convocado por un grupo de miembros de la sociedad civil, se analizó la realidad nacional en materia de inseguridad y los desafíos que presenta al país.

El académico José Woldenberg, uno de los miembros del grupo promotor del foro, dio a conocer las conclusiones del encuentro, que tuvo como premisa que "la violencia no puede ser el destino de la vida nacional", y las soluciones requieren de la suma de esfuerzos de las instituciones públicas, del Estado y de la sociedad civil.

Un elemento central de coincidencia entre los participantes es que "no se debe confundir un Estado democrático con uno necesariamente débil". Sin embargo, el combate a la delincuencia organizada requiere de un sistema penal de justicia que tenga "una máxima eficacia en la inhibición del delito y obligue a una alta profesionalización de los encargados de procurar e impartir justicia", pero que a su vez no deje espacio a los abusos de autoridad y proteja las garantías de la ciudadanía.

Se subrayó la necesidad del respeto a los derechos humanos como "parte consustancial de cualquier política pública, que no es alegato de defensa para delincuentes, sino apuesta para la convivencia civil y largo aliento de una política de seguridad".

En los ejes de una política de Estado en materia de seguridad también se debe tomar en cuenta el ámbito internacional, la cooperación con otros países en el combate del fenómeno delictivo, pero en los casos de acuerdos o tratados con otras naciones, éstos deberán ser discutidos en el Congreso, "de cara a la nación y aprobados por el Senado de la República".

También se concluyó que "la falta de acuerdos políticos debilita la capacidad del Estado para hacer frente al crimen", por lo que es impostergable definir un rumbo en la materia, en el que se establezcan con claridad las responsabilidades y límites constitucionales bajo los cuales deben actuar todos los funcionarios del Estado, de los tres niveles de gobierno, y sus acciones se apeguen a derecho.

Se necesitan mecanismos que permitan a la sociedad evaluar los avances de las acciones en materia de seguridad. Además de fortalecer la capacidad institucional para enfrentar el crimen a través de dar seguimiento al dinero y desmantelar las redes delictivas; profesionalización de policías y ministerios públicos; autonomía de jueces, labores de inteligencia y aplicación de la extinción de dominio para que los bienes de la delincuencia pasen a poder del Estado. En este esquema se plantea frenar la impunidad y desmantelar, por ejemplo, las redes de complicidades que desde el poder colaboran con la delincuencia.

Se concluyó que se debe endurecer la regulación sobre el financiamiento de la política y la contratación de publicidad, conforme a las mejores experiencias internacionales, para prevenir y sancionar cualquier forma de asociación del financiamiento de las campañas electorales con el narcotráfico.

Además, se deben concretar ambiciosos programas sociales "en favor de los jóvenes, así como de regeneración urbana, sobre todo en las zonas de mayor incidencia delictiva", con la participación activa de los medios de comunicación, junto con amplias campañas de educación y prevención, que involucren a la sociedad civil, escuelas, Iglesia, especialistas, universidades y asociaciones filantrópicas, incluso a nivel internacional.

Además de José Woldenberg, el grupo promotor ciudadano está integrado por Alfredo Achar, Carlos Aguiar Retes, Manuel Camacho Solís, Denise Dresser, Rossana Fuentes-Berain, Carlos Llano, Margarita Luna Ramos, Sara Sefchovich y Diego Valadés.