Claudia Sheinbaum tenía seis años cuando inició el Movimiento Estudiantil de 1968 que concluyó con la matanza en Tlatelolco el 2 de octubre de ese año. No participó en las manifestaciones -salvo que la hayan llevado sus padres en hombros-, ni fue víctima de la represión policial y militar durante los tres meses que vivió ese movimiento. Pero como a muchos de su generación, aquel episodio marcó su vida y definió su participación política. Ayer, como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, recordó aquella tarde en la Plaza de las Tres Culturas, el campo de batalla de soldados contra soldados y militares contra brigadas paramilitares, donde quedaron atrapados cientos de personas en el fuego cruzado, y calificó lo sucedido ahí como un crimen de Estado. ¿Lo fue?

Un crimen de Estado se define como una serie de acciones donde un gobierno rompe sus propias leyes o las del Derecho Internacional -genocidios, torturas, crímenes de guerra y corrupción-. Incluye el papel de las instituciones para cometer o condonar esos crímenes, lo que añade dificultad teórica para encontrar una definición jurídica del crimen de Estado. En el caso de lo que sucedió en Tlatelolco, la contraparte teórica es la tesis de Max Weber del “Estado soberano” que tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza, empleado por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, quien en su informe de gobierno un mes antes, dijo que todo tenía un límite, “no podía tolerar que el orden legal fuera roto irrevocablemente”, y que utilizaría “a las Fuerzas Armadas”. Así lo hizo, pero alejándose de las normas y procedimientos que regulan la tesis weberiana, al cometer violaciones a los derechos humanos y al debido proceso, detenciones arbitrarias, declaraciones falsificadas y cuando menos, dejar 44 muertos.

Aquella herida que marcó la historia -parafraseando al historiador Gastón García Cantú-, se ha discutido y analizado desde diferentes ángulos, pero uno que distorsionó la dialéctica con el Movimiento Estudiantil y cerró los caminos para una solución pacífica, sigue en tinieblas, pese a que el resultado de la matanza definió la sucesión presidencial. Díaz Ordaz, un abogado de mano dura, optó por la solución de fuerza propuesta por su secretario de Gobernación, Luis Echeverría, y dejó de lado la posición negociadora del secretario de la Presidencia, su amigo Emilio Martínez Manatou.

Díaz Ordaz asumió la responsabilidad total de los hechos en su quinto informe de Gobierno en 1969, pero ni él ni nadie de su gobierno, salvo Echeverría, fueron llevados a juicio. El exsecretario de Gobernación, símbolo de la represión, fue indiciado por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos, que creó el presidente Vicente Fox, por su presunta responsabilidad en los hechos de 1968, en la represión del Jueves de Corpus en 1971, y en la Guerra Sucia de los 70’s. Lo detuvieron en 2006, pero por edad y salud estuvo en prisión domiciliaria hasta 2009, cuando obtuvo la libertad absoluta y se le exoneró del delito de genocidio.

Fernando Gutiérrez Barrios, quien era el jefe de la Dirección Federal de Seguridad, fue muchas veces señalado de haber instruido a sus agentes de campo en la represión el 2 de octubre. Sin embargo, de acuerdo con las instrucciones que dio ese día, que se encuentran en el Archivo General de la Nación, no hizo nada irregular o ilegal. Ciertamente, las instrucciones para atacar a grupos indefensos, como aquellos en Tlatelolco la tarde del 2 de octubre, no se dejan por escrito, pero su papel como represor ese día, nunca se documentó. Sus agentes formaron parte del “Batallón Olimpia”, un grupo paramilitar al mando del general Luis Gutiérrez Oropeza, jefe del Estado Mayor Presidencial, en donde participaron miembros de ese cuerpo militar de elite, la Policía Judicial y la Policía del Distrito Federal. Ninguna de sus cabezas, el general secretario de la Defensa, Marcelino García Barragán, el general Gutiérrez Oropeza, el procurador general Julio Sánchez Vargas, Luis Cueto, jefe de la policía capitalina, o su superior, el general Alfonso Corona del Rosal, jefe del Departamento del Distrito Federal, fue indiciado.

Hasta hoy se desconoce con certeza cómo la disputa por la candidatura presidencial fue causa indirecta de la matanza de Tlatelolco, ni las traiciones dentro del gabinete de Díaz Ordaz. Filmaciones inéditas de aquella tarde, muestran cómo desde la vieja Torre de Tlatelolco, que era la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se comenzó a disparar contra la multitud en la plaza, hacia donde corrieron soldados para protegerlos. ¿Fueron francotiradores del Estado Mayor Presidencial? Es un misterio.

El primero en caer herido esa tarde fue el general José Hernández Toledo, responsable militar de la operación en Tlatelolco, por un balazo desde el Edificio Chihuahua, en cuyo tercer piso estaban los líderes estudiantiles encabezando el mitin, quien fue relevado en el mando por el general Jesús Castañeda Gutiérrez, miembro del “Batallón Olimpia”, y a quien nombró Echeverría su jefe del Estado Mayor. ¿Acaso el general Hernández Toledo respondía al general García Barragán y al ser eliminado como jefe militar de la operación, el general Gutiérrez Oropeza lo sustituyó con uno de los suyos? También es un misterio.

Probablemente no alcance la ley para decretar que fue un crimen de Estado, pero vistos los resultados políticos de la matanza, Echeverría en la Presidencia, los jefes militares del “Batallón Olimpia” promovidos, el general Corona del Rosal marginado, el entonces presidente del PRI, Alfonso Martínez Domínguez, cercano a Díaz Ordaz y enemigo de Echeverría, defenestrado en 1971 tras la trampa para culparlo de la represión del Jueves de Corpus, se puede argumentar que lo que sucedió hace 51 años, fue en realidad un golpe de Estado.

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