Tuve el privilegio de dialogar con tres miembros de la Suprema Corte de Justicia Británica: Mrs. Justice McGowan, magistrada de la Corte Superior de Inglaterra y Gales; Sir Nicholas Blake, magistrado de la Corte Superior de Inglaterra y Gales, y Lord Hughes, ministro de la Suprema Corte del Reino Unido.

Y la verdad me dio “envidia de la buena”. Es impensable que un juez, fiscal o procurador en el Reino Unido sean corruptos.

Para ser juez se necesita haber ejercido la profesión de abogado por al menos 20 años, gozar de impecable reputación de conocimientos, competencia, ética e independencia de todo tipo, incluso económica.

Ser juez en Reino Unido es un alto honor, reservado a los mejores en todos aspectos. El sistema tiene múltiples pesos y contrapesos; eso que las culturas sajonas llaman accountability, y que es mucho más que sólo rendir cuentas, pues significa también la responsabilidad de cumplir con los más altos estándares éticos. Y ello no sólo implica la absoluta imparcialidad, sino también resolver los casos en tiempo y forma, pues la fortaleza del sistema de justicia británica se basa en la confianza (trust) de la sociedad. No basta sólo “hacer justicia”, es indispensable que la sociedad “vea y acredite que en verdad se hizo justicia”.

¿Cómo fue que los órganos de Procuración de Justicia, incluidos fiscales y jueces llegaron al nivel de excelencia actual?

Porque es extremadamente difícil que en el sistema británico los abogados (barristers o solicitors) sean corruptos.

Sin excepción, todos los abogados forman parte de la Barra a la que ingresan formalmente al pasar dos exámenes: uno de conocimientos en Derecho y las Leyes, y otro de Ética e Integridad. Una vez aprobados serán abogados de por vida, pero sólo si continúan con un desempeño ejemplar en cuanto a buenos resultados y ética a lo largo de su carrera.

Es cierto que los abogados se deben a sus clientes, pero su principal lealtad no es con ellos sino con la Ética y la preservación del sistema donde la corrupción no tiene cabida.

Los abogados pueden ser denunciados ante la Barra que a su vez tiene tribunales para recibir la promoción de casos.

Un abogado al que el Tribunal encuentre responsable de un acto corrupto pierde su membresía, y no podría nunca más ejercer la profesión.

Los tribunales no se sostienen con fondos del Estado sino con un porcentaje de las cuotas anuales con las que cada abogado debe contribuir. Y son los propios abogados quienes eligen a los magistrados de los Tribunales, de manera tal que es la presión de pares (peer pressure) lo que permite no sólo repudiar y castigar severamente la corrupción, sino elevar constantemente los estándares éticos.

A Reino Unido le costó 150 años construir este sistema meritocrático de la abogacía, y que impacta muy positivamente en todas las áreas de la actividad del País. Porque los abogados intervienen en la política, la economía, el comercio, los medios de comunicación y, sobretodo, en la Procuración de Justicia. 

Considero que aquí hay una clara lección y oportunidad para México. Sé que existe la disposición y el compromiso de los tres principales Colegios de Abogados, que juntos han formado recientemente el Consejo General de la Abogacía para lograr la Colegiación Obligatoria.

Por favor, fundadores del Consejo General de la Abogacía, den los siguientes pasos y convenzan al Congreso de la Unión para aprobar la Colegiación Obligatoria y Universal de su gremio.

El Consejo General de la Abogacía está destinado a dar uno de los pasos más significativos en el combate a la corrupción en México, y será el ejemplo a seguir para el resto de las profesiones.

Lic. José Octavio López Presa
Integrante del Comité de Participación Ciudadana del SNA
Twitter @JOLopezPresa
Si usted desea colaborar con este proyecto envíenos sus datos de contacto a: opinionciudadana@ccic.org.mx