Nadie con un mínimo de sentido común puede estar en contra –y, mucho menos, manifestarse en contra-– de que el Gobierno de la República combata sin miramientos la corrupción y los delitos prohijados por ésta. En este sentido todo mundo aplaude que, finalmente, una administración haya decidido hacer algo para combatir el escandaloso robo de combustible en Pemex.

Así pues, nadie –más allá de quienes se beneficien de ello– se opone a que la administración encabezada por el presidente López Obrador persiga sin tregua a quienes, dentro y fuera del Gobierno, participan de la evidente red de corrupción montada alrededor del gigantesco negocio de robo y venta de combustibles a la principal empresa pública del País.

Pero una cosa es aplaudir la determinación con la cual se ha emprendido la medida y otra muy diferente no percatarse de las nocivas consecuencias que para el País tiene la fórmula escogida por el titular del Ejecutivo para combatir el problema: paralizar la red de distribución de Pemex a través de los ductos que tiene instalados en todo el País.

No hace falta sino una dosis elemental de lógica para comprender la ecuación: si existe una red de ductos de distribución es porque de otra forma resulta imposible hacer llegar, a todas las estaciones de servicio del País, la cantidad de combustible necesario para surtir la demanda.

Plantearse que el abasto podría mantenerse de forma regular utilizando pipas para transportar la gasolina y el diesel era claramente absurdo desde el principio y, a juzgar por las repercusiones que la medida ha tenido, la Presidencia de la República nunca tuvo un plan concreto para resolver el problema en un plazo breve o, como parece ser costumbre en esta administración, el Presidente se negó a escuchar a los especialistas.

Las consecuencias negativas de la medida no se han hecho esperar: el desabasto ya generó el surgimiento instantáneo de un “mercado negro” de gasolina del que todos los que puedan se aprovecharán; los costos de operación de Pemex se han incrementado porque es mucho más caro transportar gasolina en pipas que hacerlo por un ducto, y ya ni hablar de las repercusiones económicas para todos los negocios que se han visto afectados por el desabasto de combustible.

Y el problema no hace sino crecer, pues el desabasto de combustibles ya alcanzó a Saltillo y si el Gobierno de la República no rectifica su irracional decisión seguirá agravándose en los próximos días, generándole al País más pérdidas económicas que los beneficios anunciados por la administración federal por la disminución del huachicoleo.

Nadie está pidiendo que deje de combatirse el delito ni critica las decisiones del Gobierno de la República a partir de su origen partidista. Lo que se pide es lo que se le pediría a cualquier administración de cualquier color: que no se adopten medidas que vuelven más caro el remedio que la enfermedad.

La solución adoptada fue un error. Es de esperarse que no sea la arrogancia lo que prive en las próximas horas y que el presidente López Obrador pida a los integrantes de su gabinete usar su talento para, sin dejar de combatir el robo de combustible, restablezcan la distribución del mismo de manera inmediata.