El déficit en el gasto público es de amplia polémica en ámbitos académico y político. Una posición es que cualquier déficit, no correlacionado con la productividad, de la economía puede generar incremento en el nivel de precios y la consecuente elevación de las tasas de interés ahorro-crédito y la pérdida del poder adquisitivo, afectando negativamente la dinámica económica.

Esta perspectiva neoclásica plantea que los ajustes y control en la oferta agregada generan ganancias para los inversionistas y, por tanto, la reinversión para acumular más y más capital, lo que naturalmente genera empleo y demanda agregada.

Otra visión es que el déficit financiero gubernamental aplicado en proyectos de infraestructura productiva (parques y corredores industriales, aduanas, autopistas, puertos, aeropuertos, producción de energéticos), en educación, ciencia, tecnología e innovación, en transferencias sociales directas y en servicios básicos, se genera inversión pública y privada, empleos, demanda agregada y crecimiento.

Esta perspectiva keynesiana se sustenta en que la dinámica económica es de demanda agregada que incentiva a la oferta a la producción y distribución de bienes y servicios, a invertir y a generar empleos. Respecto a la inflación, para que no se presente drástica, ésta se verifica en correlación con la influencia en la tasa de interés por parte del Banco Central.

De hecho, la reducción del déficit en el gasto público no se identifica del todo con la austeridad económica, la segunda implica sobriedad y moderación en el ejercicio del gasto corriente gubernamental, sin ostentosidad ni lujos innecesarios, dicho gasto se redujo de 1 billón 150 mil millones de pesos a alrededor de 940 mil millones de pesos (sin pensiones ni gastos de inversión); dados los niveles de pobreza en México la austeridad puede denominarse en que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.

Lo anterior implica la redistribución del gasto hacia rubros prioritarios de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo y programas del gobierno federal, a saber, infraestructura productiva, sobre todo en el sureste del país, reactivación de refinerías y transferencias sociales a jóvenes y personas de la tercera edad.

Para efecto de no generar inquietud ni desconfianza en los mercados financieros se ha optado por no elevar el déficit, sin incremento de la deuda pública y su carga financiera (alrededor de 780 mil millones de pesos este año): Pero contener el déficit se enfrenta a la perspectiva de menos recaudación impositiva en el presente año (el promedio de años recientes es de 14% del producto interno bruto), lo que implicaría no tan sólo la austeridad, sino la “humildad franciscana” en el gasto, según se ha señalado,

Para generar crecimiento económico sostenido se requiere de la inversión pública y privada, ésta última, al menos en el sector secundario de manufactura, en el primer trimestre presentó tendencia a la baja; asimismo, se necesita fortalecer el mercado con ampliación de la demanda agregada, esto es incremento salarial y transferencia sociales del gobierno federal.

Sin embargo, si bien la austeridad es evitar el dispendio y despilfarro, ésta no significa retardar las asignaciones de gasto en los diferentes rubros, sobre todo en los más sensibles para la población, como el sector salud y los programas sociales, El retraso en el ejercicio del gasto público no sólo contrae la economía, sino que además puede provocar descontento social.

Más aún, es cuestionable la ortodoxia en la reducción o contención del déficit ingreso-gasto del gobierno federal, sobre todo porque en este año la inversión privada está contraída y aún no se suscribe al inicio de las obras de infraestructura productiva del gobierno federal.

¿Se requiere un nivel adecuado de déficit público para impulsar la economía? Es necesario analizar al respecto, porque austeridad no es lo mismo que el supuesto equilibrio fiscal. Sobriedad en el gasto corriente sí, mas no autogolpe fiscal y financiero. Los mercados también se tranquilizan con el crecimiento económico.