Durante la votación se aprobaron tres modificaciones al proyecto de dictamen / Especial
Los diputados locales estuvieron a favor de la periodicidad en el que serán registrados los agresores de mujeres

En el  Congreso de la Ciudad de México avanzó la creación del registro público de agresores sexuales con un periodo de inscripción de entre 10 a 30 años, dependiendo de la gravedad del caso.

Integrantes de las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia, y de Atención Especial a Víctimas, avalaron el dictamen que se prevé suba al pleno la próxima semana. 

Los diputados locales estuvieron a favor de la periodicidad  en el que serán registrados los agresores de mujeres; además, votaron a favor de que esta nueva medida de seguridad para inhibir delitos de género sea obligatorio para las determinaciones de los jueces.

Con cinco votos a favor y cero en contra  por parte de la Comisión de Atención a Víctimas, y 10 a favor, uno en contra y una abstención por parte de la Comisión de Procuración de Justicia, quedó aprobado el dictamen, el cual, se prevé, pasará al pleno para su votación.

Para su instauración, los legisladores aprobaron reformas y adiciones al Código Penal, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, todos de la Ciudad de México.

Ejes principales

Durante la votación se aprobaron tres modificaciones al proyecto de dictamen como la inscripción en el registro de agresores sexuales por un periodo mínimo de 10 años y un máximo de 30, dependiendo del criterio del juez y la gravedad del delito.

Además de que, tratándose de lo delitos sexuales señalados en el dictamen, el juez impondrá, de manera obligatoria, la inclusión del agresor en el registro que se creará como una medida de seguridad, el cual será público, abierto y no será necesaria la consulta previa.

El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el morenista Eduardo Santillán, dijo que este dictamen tiene como antecedentes las iniciativas presentadas por el diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, del PRI, para la Ley del Registro de Ofensores Sexuales de la Ciudad de México, y otra enviada por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

En su participación consideró que en la Ciudad existe una necesidad para que cuente con este instrumento "ágil y eficiente" para garantizar la seguridad de las mujeres con medidas preventivas en materia de delitos sexuales.

Los legisladores recordaron que en la Ciudad de México se cometieron 56 feminicidios y denunciaron mil 269 violaciones entre el 5 de diciembre de 2018 y el 17 de noviembre de 2019.

Sin embargo, para el diputado perredista Jorge Gaviño, la aprobación del dictamen "es una propaganda para salir del paso, para decir 'ya cumplimos', no es un sistema lo que se está creando, son únicamente parches".

Por su parte, la diputada peteista Lizette Clavel Sánchez, consideró que al tratarse sólo de reformas a leyes ya existentes, no se está logrando la creación de una ley como la planteada, pero se manifestó a favor del dictamen. Leticia Estrada dijo que el registro no debe ser público, pues sería violatorio de derechos humanos.