Carlos Lomelí, ex superdelegado de Jalisco, comparece por supuesto conflicto de interés y tráfico de influencias
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La titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, detalló que las sanciones a las dos empresas propiedad de Lomelí, inhabilitadas y multadas en septiembre, no fueron impugnadas
El ex superdelegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí, compareció hoy ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) para dar seguimiento a las denuncias que existen en su contra por las empresas farmacéuticas de las que es propietario y que también son proveedoras del gobierno federal.
Así lo informó la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, en respuesta a cuestionamientos de los legisladores de oposición.
Detalló que las sanciones a las dos empresas propiedad de Lomelí inhabilitadas y multadas en septiembre no fueron impugnadas, por lo que los castigos están firmes.
"Al día de hoy, la SFP no ha recibido ningún medio de impugnación al respecto de estos procedimientos y estas sanciones", dijo la secretaria.
Recordó que el 13 de septiembre se publicó una circular en el Diario Oficial de la Federación en la que se informó de las sanciones a las empresas farmacéuticas Lomedic y Laboratorios Solfran con inhabilitaciones por dos años y medio para no ser contratadas por la Administración Pública Federal ni por estados ni municipios más multas millonarias.
Agregó que "hoy 24 de octubre hay una audiencia personal para las investigaciones que como persona física y servidor público está sosteniendo, con respeto a su persona y a sus derechos, el señor ex delegado del Poder Ejecutivo del estado de Jalisco".
Hay 12 denuncias contra 10 superdelegados federales
Irma Eréndira Sandoval reveló que existen 12 denuncias en contra de 10 delegados federales del Poder Ejecutivo por presuntamente haber utilizado recursos públicos con fines distintos al beneficio de la ciudadanía.
Se trata de los superdelegados en Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora.
"Una vez terminadas las investigaciones, todo el que se encuentre culpable, o que la investigación arroje indicios para la asignación de una responsabilidad administrativa o incluso para una vista para una responsabilidad penal por haber utilizado recursos públicos con fines distintos al beneficio de la ciudadanía, será sancionado", aseguró.
