Alfonso Durazo, próximo titular de la Secretaría de Seguridad Pública / Foto: Especial
La CNDH acreditó que elementos de la Policía Federal detuvieron ilegalmente a dos personas, les retuvieron y las torturaron en Ciudad Victoria, Tamaulipas; una mujer estaba embarazada al momento y perdió al producto de la gestación

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió una recomendación al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo luego de que policías federales allanaron un domicilio, detuvieron ilegalmente a dos personas, les retuvieron y las torturaron en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

La CNDH acreditó que con su actuación los elementos incurrieron en violaciones graves a los derechos humanos a la libertad, seguridad personal y legalidad, por la inviolabilidad del domicilio de dos personas, su detención arbitraria y retención ilegal, así como a la integridad personal por actos de tortura contra dichas personas.

El 9 de agosto de 2014, varios policías federales ingresaron al domicilio de los dos agraviados, un hombre de 30 años y una mujer 35 años de edad, embarazada en ese momento, quienes fueron detenidos sin orden alguna y fueron torturados física y psicológicamente.

La mujer sufrió la pérdida del producto de la gestación.

Los policías los obligaron a declararse culpables de delitos de delincuencia organizada y contra la salud; les retuvieron por más de un día y les pusieron a disposición de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en la Ciudad de México.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomienda al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana reparar el daño a los dos agraviados, que incluya compensación en términos de la Ley General de Víctimas; se les brinde atención psicológica y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas.

También, colaborar en la integración de la carpeta de investigación que se inicie con motivo de la denuncia y la queja que la CNDH presente ante la Fiscalía General de la República y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, respectivamente, contra el personal involucrado en los hechos, incluyendo a otros elementos de la corporación que por acción u omisión hayan permitido esa actuación.

También deberá capacitar a los agentes de la Policía Federal en materia de derechos humanos, específicamente sobre los estándares internacionales, acuerdos y protocolos descritos en la recomendación, relacionados con los derechos a la integridad, seguridad jurídica y libertad personal, así como con la prohibición de la tortura.

Además deberá abastecer a los agentes de la policía federal con equipos de videograbación, audio y geolocalización satelital que permitan confirmar, a través de su uso permanente, que en las acciones llevadas a cabo durante los operativo, los elementos respetan los derechos humanos.