¿Una cortina de humo? Les puede funcionar. ¿Lo hizo porque le estaba subiendo el agua? Me cuesta trabajo. ¿Fue por la foto del peñismo en pleno disfrutando impunidad en una boda? Quizá. ¿Es el Quinazo, el Elbazo de AMLO? Pues siempre hay detenciones espectaculares a inicios de un sexenio. ¿Es por las elecciones del domingo? No lo necesita. ¿Es porque está bajando la popularidad del Presidente? No está bajando.

La detención del famoso empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), y la orden de aprehensión girada contra Emilio Lozoya, director general de Pemex el sexenio pasado, es un salto de la saliva al expediente, que debe reconocerse al presidente Andrés Manuel López Obrador porque contesta –a sus tiempos, con su método– a una añeja demanda: que deje de difamar en las conferencias mañaneras y que persiga la corrupción.

El Lozoya-Ancira es el primer caso judicial contra la corrupción del sexenio pasado. Está en marcha y se inscribe a la perfección en la narrativa que el Presidente repite a diario: el pasado corrupto. Con él, la batalla dejó de ser meramente discursiva porque la fecha de caducidad de las acusaciones generales y vagas se cumple cuando la sociedad empieza a pedir resultados, y ya no se conforma con promesas de campaña. No pienso que echarle la culpa al pasado y estar presentando exfuncionarios culpables sea un salvavidas que le pueda durar años al Presidente AMLO si siguen faltando medicinas, siguen despidiendo trabajadores, sigue retrocediendo la economía, sigue cayendo el empleo, sigue subiendo la inseguridad y quedan las escuelas en manos de la CNTE.

En cambio, opino que la exigencia de acabar con la impunidad que ha reinado fue en gran medida el motor del resultado electoral del 1 de julio. Como presidente electo y luego ya en el poder, López Obrador planteó un posible “punto final” y la conveniencia de no dedicar los esfuerzos del nuevo gobierno a estar litigando con el pasado. La sombra de un pacto de impunidad rondaba. El tiempo nos dirá si este paso fue un cambio de rumbo.

Y deberá cuidar, en ese tiempo por venir, que el entusiasmo que ha despertado este expediente no se le vuelva en contra si resulta que no había pruebas, no se armó bien la investigación y los implicados quedan librados de las acusaciones. La indignación sería entonces facturada directamente al Presidente. A partir de hoy están a prueba la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, aunque haya raspones entre ambas.

El caso puede ser también, y en ello radica su importancia política, la puerta de entrada a dos asuntos: el caso Odebrecht que ha derrumbado presidentes y expresidentes en toda América Latina, y que en México no parecía moverse; y la posible apertura de los entretelones del financiamiento de la campaña electoral que llevó a Enrique Peña Nieto a la presidencia en 2012.

@CarlosLoret