En su camino de salida de la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto —como lo ha hecho a lo largo de su gobierno—, tropieza una y otra vez.

Primero, a través de las entrevistas promovidas con distintos medios, y de spots publicitarios a los que se ha reducido el informe presidencial, y más adelante, de un mensaje anacrónico, que se resiste a reconocer que este país cambió.

Peña Nieto ha pretendido presentar un país tan próspero, moderno y en paz, como ajeno a los mexicanos.

Para el Presidente saliente, la realidad lacerante es solo la mala percepción de quienes se niegan a reconocer los avances y aciertos de su gobierno. En el país hay grandes obras e inversiones, mayores empleos. Se está en paz.

Al hacer el recuento de los momentos más difíciles de su mandato, equipara el haber solicitado a su esposa encarar el escándalo de corrupción y tráfico de influencias, tras la denuncia sobre la mansión de la "familia presidencial" conocida como la Casa Blanca, con la violenta desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, ratificando su convicción de que los muchachos fueron incinerados en el basurero del municipio de Cocula, asumiendo la hipótesis más endeble de la llamada "Verdad Histórica", sobre la cual no hay evidencia científica.

Se muestra, una vez más, la ligereza con que se han abordado los graves problemas del país; de la elusión oficial de la realidad, y de la evasión de las responsabilidades primigenias del Estado. Peña Nieto no se da cuenta del desastre de su gobierno: corrupción y desigualdad derivada de un gobierno atado a los negocios. Violencia política y delictiva: 123 mil 500 homicidios cometidos en menos de seis años; más de 37 mil desaparecidos; 27 mil cuerpos sin identificar; 855 fosas clandestinas reconocidas oficialmente; más de 250 mil desplazados internos. Ineficacia y falta de respuesta a la demanda social.

Para muestra de ello un botón. En la página 144 del VI Informe de Gobierno, entregado por escrito al Congreso de la Unión, se señala, que se investiga la desaparición forzada de 170 personas en 88 expedientes de búsqueda e investigación que involucra a las secretarías de Defensa Nacional y de Marina, así como a la Policía Federal, estatal y municipal, particularmente en seis entidades: Veracruz, Coahuila, Tamaulipas, Guerrero, Guerrero y Ciudad de México.

Cabe destacar la importancia de que el Ejecutivo federal asumiera la participación de fuerzas federales en estos hechos graves, violatorios de los derechos humanos; sin embargo, la pregunta que surge de inmediato es: ¿dónde están? Por qué no se ha esclarecido esta situación, cuando las dependencias involucradas disponen de la información necesaria para identificar el operativo realizado; las líneas de mando correspondientes; el estado de fuerza movilizado, así como el destino y ubicación de las personas hoy desaparecidas, por lo que resulta inadmisible que no se hallan esclarecido estos hechos, castigado a los responsables y presentado a las personas desaparecidas.

En el informe se da cuenta de los abundantes recursos logísticos, materiales y económicos que se han dotado a las fuerzas federales, mismos que deberían canalizarse a proteger a la población, a prevenir, evitar y, en su caso, castigar estos delitos.

Restan tres meses para el término de su gestión. Nunca es tarde para que el Ejecutivo asuma su responsabilidad ni para dejar atrás la frivolidad que embarga a Los Pinos, entre tatuajes minimalistas y pantuflas con incrustaciones de perlas. Mejor que el Presidente informe dónde están.