El cuento de la pobreza y sus exorcismos en los tiempos de la 4T
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Desde hace décadas, el secuestro se ha convertido en uno de los delitos más “democratizados” en este escenario de atroz impunidad que es México. Reducirlo a un simple fenómeno ideológico y de clase, como hizo en estos días el presidente López Obrador, es no entender la dinámica delincuencial ni el tamaño del reto que implica combatirla, es ignorar la tragedia de miles de personas pero, sobretodo, es no entender al País. “No secuestran a un pobre, secuestran al que tiene”, dijo por estos días el mandatario, en uno más de esos deleznables discursos con que se insiste en romantizar la pobreza, como si la pobreza fuera virtuosa, como si fuera una condición que exorciza todos los males. Porque la pobreza, para la Cuarta Transformación, lo mismo hace a la gente inmune a esa enfermedad “de ricos” que según el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, es el coronavirus, que la excluye del riesgo a sufrir un secuestro, como ahora afirma el presidente Andrés Manuel. Y la declaración preocupa no sólo por absurda, sino porque, bajo esa lógica carente de un profundo sentido de justicia, es imposible construir una estrategia de seguridad pública apropiada.
Pero además, en esa estrechez de miras, el Presidente pasa por alto que el tipo de secuestro al que se refirió, el secuestro extorsivo, es sólo una de las múltiples formas que adopta este delito de alto impacto. En México se secuestra por motivos ideológicos y políticos, se secuestra con fines de explotación sexual y de trata de personas, se secuestra en forma virtual, exprés, colectiva, existe el narcosecuestro y el autosecuestro; el Observatorio Nacional Ciudadano ha documentado secuestros de personas pobres por las que se cobran rescates de 500 pesos. Y a todo ello habría que sumar los secuestros de migrantes que transitan por el territorio nacional y que son difíciles de establecer porque las cifras varían según la fuente: se habla tanto de unos 600 secuestros de migrantes al año, como de 10 mil o hasta 20 mil. De hecho, el Mixed Migration Center, área de investigación del Consejo Danés para los Refugiados, señaló en 2010 que México tenía el problema más grave de extorsión y secuestro de migrantes en el mundo. Y todas esas son expresiones de una descomposición social que se vuelve cada vez más honda ante una autoridad que históricamente ha sido incapaz de revertirla.
Porque no puede haber prevalencia delictiva sin debilidad institucional. Cuando se habla de por qué delitos como el secuestro ocurren con una frecuencia tan pasmosa (se calcula que en México ocurre un secuestro cada cuatro horas), se apunta a que, de entrada, este ilícito representa un “negocio rentable” para los grupos delincuenciales pero entre otros componentes destacan: la complicidad de servidores públicos, la lenta e incompleta desarticulación de las bandas dedicadas al secuestro, la incapacidad operativa de las corporaciones de seguridad, la crisis en los sistemas penal y judicial, el mito de la readaptación social y, como siempre, la corrupción, la impunidad e irónicamente para el presidente, la pobreza. Claro, sería un terrible error querer completar el falso axioma del mandatario diciendo que “si sólo se secuestra al rico, entonces es sólo el pobre quien secuestra”, porque sería caer en la misma lógica torcida y polarizante. Pero, ciertamente, está demostrado que la pobreza empuja a delinquir.
En marzo, el delito de secuestro había reportado en México 121 carpetas de investigación, cifra mayor a la de enero, de 108, y de febrero, que reportó 115. Para abril, la incidencia disminuyó al reportarse 99 casos. Si el presidente López Obrador analizara cifras, si no se obnubilara con sus misteriosos e inasequibles “otros datos”, se pudo haber dado cuenta, si tantas ganas tenía de hablar de secuestro, que sus números son mejores a los que reportaba Enrique Peña Nieto a estas alturas. Y con ello hasta se pudo haber colgado una medallita menos cuestionable que sus ficciones de que la gasolina bajó por una decisión sensible de su gobierno y no por la caída de los precios internacionales del petróleo. Y es que de diciembre de 2018 a febrero de 2020, es decir, durante los primeros quince meses de su gobierno, se reportaron 2 mil 289 secuestros. En los primeros quince meses de Peña Nieto, es decir: diciembre de 2012 a febrero de 2014, la cifra fue 29 por ciento más alta, al reportarse 3 mil 224 secuestros.
No obstante, en algo no se equivocó el Presidente. Porque la continuación de la desatinada frase fue: “¿Cómo evitamos el secuestro? Con una sociedad mejor, con justicia”. Y una sociedad mejor puede empezar a construirse a partir de una visión seria y estratégica de la realidad que debe ser una cualidad indiscutible en un jefe de Estado. Una sociedad mejor no puede construirse desde la división ni el encono, que tanto se promueven desde el discurso presidencial. Una sociedad mejor no puede construirse romantizando ni administrando políticamente la pobreza, esa terrible condición en la que, desgraciadamente, más mexicanos se van a encontrar al final de este año aciago.
PRÓXIMA ESTACIÓN
Manuel Serrato