Reiteró que los megaproyectos fueron un factor esencial para que crecieran las agresiones contra los defensores porque su construcción no se detuvo ni siquiera durante la pandemia. ESPECIAL
Las víctimas experimentaron circunstancias particulares durante el ejercicio de sus labores, pero también hay coincidencias en el contexto donde se desarrollaron

CIUDAD DE MÉXICO.- En los últimos dos años se registraron 45 asesinatos de defensores de derechos humanos, quienes en este sexenio quedaron más expuestos ante el aumento de los megaproyectos, la criminalización de su labor, la impunidad generalizada y el COVID-19, reveló un informe de la red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).

Este colectivo, que agrupa a 86 asociaciones civiles 23 estados, dio a conocer su informe Semillas de dignidad y lucha: situación de personas defensoras en México 2019-2020, donde expresó: "El contexto mexicano se caracteriza por la inacción del Estado frente a la situación de alerta en que viven las personas defensoras y que empeora con los años, configurando condiciones que ponen en riesgo su vida e integridad física".

En el informe se indicó que en los primeros dos años del actual sexenio hubo 19 asesinatos de defensores comunitarios; 15 defensores de los derechos económicos, sociales y culturales; seis activistas de la diversidad sexual; tres protectores de los derechos civiles y políticos, y dos comunicadores.

Las víctimas experimentaron circunstancias particulares durante el ejercicio de sus labores, pero también hay coincidencias en el contexto donde se desarrollaron.

"Durante los dos últimos años las personas defensoras han enfrentado múltiples obstáculos a su labor, desde el aumento de megaproyectos que ponen en riesgo la tierra y el territorio de los pueblos, sus formas de vida y el medio ambiente, hasta la criminalización del derecho a defender derechos humanos, hostigamiento, impunidad generalizada y violencia sistemática en su contra", señaló el colectivo de ONGs.

Reiteró que los megaproyectos fueron un factor esencial para que crecieran las agresiones contra los defensores porque su construcción no se detuvo ni siquiera durante la pandemia, mientras las comunidades que critican esas obras han sido ignoradas, desprestigiadas, criminalizadas y confinadas por el COVID-19.

"La política extractivista ha continuado sin freno durante los años 2019 y 2020, ni siquiera la pandemia logró ponerla en pausa, puesto que, en México, los megaproyectos fueron considerados como 'actividades esenciales' (...) si bien la ofensiva extractivista no se detiene y, por el contrario, se diversifican los focos rojos y casos emblemáticos, las acciones de protesta y las luchas colectivas de defensa de la tierra y el territorio sí han sufrido los impactos del confinamiento", señaló la Red TDT.