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El CNS instruyó al Secretariado a coordinarse con la unidad de apoyo al sistema de justicia de la Secretaría de Gobernación para realizar los trámites de entrega-recepción

El Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNS) formalizó la orden de desaparecer al Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública (SESNSP).

Durante la XLV Sesión Ordinaria del CNS, se aprobó el acuerdo de conclusión de las funciones del SESNSP como enlace operativo del Poder Ejecutivo e Integrante de la Instancia Tripartita Coordinadora del Sistema de Justicia Penal.

Para ello, el CNS instruyó al Secretariado, encabezado por Leonel Cota Montaño, a coordinarse con la unidad de apoyo al sistema de justicia de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) para realizar los trámites de entrega-recepción mismos que deberán concluir a más tardar el primer trimestre de 2020.

Desde el sexenio de Felipe Calderón, el SESNSP se encargó de reunir los datos estadísticos de incidencia delictiva en el país reportados por las procuradurías locales de los 32 estados de la República.

En 2017 amplió los criterios a reportar para detallar las cifras por víctimas, edades e incluyó delitos tales como el feminicidio y la violencia familiar.

Con la desaparición del SESNSP, la Fiscalía General de la República (FGR), las fiscalías y procuradurías de los estados implementarán gradualmente el Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia (SENAPJ), en conjunto con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), una base de datos sobre incidencia delictiva e información ministerial.

Esta base de datos sustituirá al Secretariado y estará a cargo de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), conformada por el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero y los 32 fiscales y procuradores de los estados, y concentrará información relacionada con el número de homicidios, órdenes de aprehensión obtenidas y ejecutadas por el Ministerio Público, vinculaciones a proceso dictadas por los jueces de control cada mes y por qué delito, sentencias condenatorias y acuerdos reparatorios impulsados por los ministerios públicos.