Consejo General del INE / Foto: Especial
Aplican nuevo recorte y prevén reducción de salarios de consejeros que presumen avance en equidad de contienda

Aunque la Reforma Electoral de 2014 buscaba abaratar la organización de elecciones al desaparecer al Instituto Federal Electoral (IFE) y crear al Instituto Nacional Electoral (INE), desde su transformación ese instituto ha costado 63 mil 215 millones de pesos.

Al publicarse los cambios, además de la disminución del costo de organización de los procesos electorales, se consideró que fue “la más  importante transformación política del país en las últimas décadas, tanto por su profundidad como los temas que contiene”.

Con su transformación, al INE le fueron conferidas nuevas atribuciones como la fiscalización de campañas, instalación de casillas, capacitación de funcionarios tanto para elecciones locales como federales.

Un análisis de la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, escrito por el académico Héctor Zamitiz, considera que a pesar del fortalecimiento presupuestal, el INE “no logró una mayor independencia debido a que los procedimientos que establecieron los diputados para la designación de consejeros electorales siguen siendo criticables”.

En el último año, el INE ha sufrido recortes presupuestales entre 950 millones de pesos, por lo que, incluso, el organismo ingresó una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por considerar que reducir su gasto pone en riesgo la recreación de la democracia.

Uno de los temas más polémicos son los salarios de los servidores públicos del INE, debido a que al menos 100 funcionarios ostentaban salarios más altos que el del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Se prevé que en 2020 se le recorten otros mil millones al presupuesto del Instituto Nacional Electoral, y además, los salarios de los altos mandos, incluidos los consejeros electorales sean reducidos.

Para Lorenzo Córdova, la Reforma Electoral ha tenido múltiples logros, como “el perfeccionamiento de los procedimientos electorales que le ha inyectado certeza, legalidad y equidad a las contiendas en todo el país a nivel nacional y subnacional”.

Hace unos días, durante su exposición en un foro dijo que “en los últimos cinco años, las condiciones de equidad que se han conseguido a nivel nacional han permitido que en estos cinco años hayamos tenido el número de alternancias por la vía electoral más grande de la historia democrática del país”.

Caen recurso para el campo a nivel de 2005 

El Presupuesto al campo, ejercido por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y primero construido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sufrirá un recorte de 24 mil 548 millones de pesos respecto al ejercido en el último año de Enrique Peña Nieto.

Hace unos días, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto para la Secretaría de Agricultura de 47 mil 576 millones de pesos, lo que es similar a los recursos ejercidos en 2005, que fue de 46 mil millones de pesos.

Durante el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, 2018, el sector de Agricultura ejerció 72 mil 125 millones de pesos, teniendo como programa insignia el llamado Proagro, que apoyaba la siembra de maíz, frijol, trigo, sorgo, arroz, soya, algodón, cártamo, cebada y avena.

En el primer año de la administración de López Obrador, el presupuesto para la Sader se redujo a 65 mil 434 millones de pesos, y para 2020, le aprobaron 47 mil millones.

Entre los cambios, el nuevo Gobierno contempla el apoyo directo y sin intermediarios a los productores, así como la compra a pequeños campesinos de cultivos mediante precios de garantía.

El programa insignia del Gobierno federal es el de Producción para el Bienestar, que de acuerdo con los reportes de la Sader, hasta el segundo trimestre de 2019 había apoyado a 1.4 millones de productores, con un gasto de seis mil 860 millones de pesos.

Los datos indican que la mayoría de beneficiarios se concentran en cuatro entidades: Oaxaca, Chiapas, Puebla y Veracruz.

En contraste, las entidades con menor número de productores apoyados por el programa son Baja California y Baja California Sur, con menos de 80 beneficiarios por entidad.