Juzgar menores como adultos: ¿es esa la solución?

Por regla general cuando se registra un hecho particularmente atroz, que nos convoca a la indignación, la reacción colectiva suele ser demandar mayores castigos para los responsables o la adopción de medidas extraordinarias que se constituyen en castigo ejemplar y disuasor de futuros hechos similares.

Tal reacción, aunque justificada en la mayoría de los casos, pierde de vista un aspecto fundamental de la realidad: imponer castigos ejemplares a quienes ya han violado la ley es importante, pero tiene la misma relevancia el impedir que la conducta vuelva a registrarse.

La afirmación anterior es aún más cierta en los casos en los cuales se ha consumado un acto de carácter irreparable –como la muerte de una persona–, pues por más severo que sea el castigo éste no logrará que los hechos se reviertan.

Por ello, frente a tales circunstancias es preciso conceder especial relevancia a la necesidad de evitar que alguien más sea víctima de la misma conducta y, como lo demuestra la experiencia en el mundo entero, el castigo a los infractores es insuficiente para prevenir nuevos actos similares.

El comentario viene a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo a la petición que ha elevado la familia de Claudia Iveth, la joven saltillense que habría sido asesinada por su pareja, para que su presunto victimario sea juzgado como adulto debido a que el próximo mes alcanzaría la mayoría de edad.

El planteamiento es atendible en sí mismo, desde luego, como elemento para discutir la eficacia de la legislación penal que establece claramente que, quien ha incurrido en una conducta tipificada como delito pero que no ha cumplido aún 18 años, sea tratado con acuerdo a una norma especial: la del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.

Pero que el tema pueda –y, eventualmente, deba– ser discutido no implica que sea posible aplicar a este caso el criterio que surgiera de la discusión, incluso si tal conclusión fuera que, en ciertos casos, un menor de edad debe ser juzgado como adulto.

No debe por ello alimentarse falsas expectativas en este sentido, pues por muy pertinente que nos parezca en este momento hacer tal cosa, las reglas de nuestro sistema legal impiden que se tome una decisión de este tipo.

Sin embargo, eso no implica que discutir el tema sea impertinente, sobre todo si la intención del debate fuera la de orientar nuestra legislación en la dirección de impedir que más víctimas se sumen a la estadística trágica que esta semana cobró la vida de Claudia Iveth.

Es importante también, desde luego, tener claro que el sólo hecho de endurecer las penas o de considerar excepciones a la hora de juzgar a menores de edad es una medida insuficiente. Además de eso es preciso atender las causas profundas del problema y que se encuentran en los cimientos mismos de nuestra cultura, que concibe a las mujeres como seres inferiores.

Porque si el problema no se atiende en forma integral seguiremos en el mismo punto en el que nos encontramos hoy: intentando imponer penas más severas a los victimarios de mujeres, en lugar de impedir que surjan nuevas víctimas.