La dictadura de Hacienda

Lejos de los reflectores públicos, el reloj camina aceleradamente para la sucesión el INEGI, al terminar en un mes y medio Eduardo Sojo su gestión. El INEGI es la gran fábrica de información sobre la cual se diseñan políticas públicas en México, que también, por su autonomía, es contrapeso a las estadísticas y mediciones del gobierno. Su independencia de criterio y libertad de expresión no es algo con lo que la administración del presidente Enrique Peña Nieto se siente cómoda. Todo lo contrario, y el INEGI no es un caso aislado.

A mediados de octubre, el director del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, cuestionó al INEGI en el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, al señalar que “es necesario evaluar si la forma en que actualmente se mide el Producto Interno Bruto de México es correcta, porque el crecimiento económico del país no parece empatar con algunos indicadores de recaudación, consumo y empleo”. Al gobierno no le hace gracia que el INEGI se haya convertido en un instituto cuyas mediciones contrasten regularmente con las suyas o abiertamente discrepen. Son notorios los contrastes en materia de crecimiento y seguridad, que lo confrontan con los dos pilares del Presidente, los secretarios de Hacienda, Luis Videgaray, y de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

La tensión entre las dos partes ha ido creciendo, en una dinámica que ha atraído la atención y generado preocupación de los agentes económicos del país. Tras la crítica de Núñez al INEGI, Jonathan Heath, un respetado economista, maestro y conferencista, escribió en su colaboración habitual en Reforma el 21 de octubre: “Llaman  la atención las declaraciones del titular del  SAT, de que el INEGI calcula mal el PIB del país. Según la posición de la Administración Tributaria, el crecimiento económico no empata con los indicadores de recaudación, consumo y empleo. Lo que dice la dependencia de la SHCP es que dado que las cifras que produce el INEGI no reflejan lo que el Gobierno quiere, habría que cambiar la metodología de las cuentas nacionales”.

“Básicamente –subrayó Heath-, lo que sugiere ahora (Hacienda) es que hagamos en México lo que hicieron en Argentina: manipular las cifras económicas para reflejar los deseos de los funcionarios. Otra alternativa podría ser lo que ha hecho Venezuela: simplemente dejar de publicar cifras oficiales. Precisamente por eso es que se le otorgó la autonomía al INEGI. Sin embargo, esta posición de (Hacienda) es exageradamente peligrosa en el momento en que faltan apenas dos meses para que una nueva persona tome posesión de la presidencia del INEGI. ¿El nombramiento será para un allegado de (la Secretaría) u otro oriundo del Gobierno del Estado de México para este puesto vital? ¿A qué se debe esta falta de respeto a la autonomía del INEGI?”.

En su artículo, titulado precisamente “Falta de Respeto”, Heath desmenuzó lo que podría ser origen de la molestia de la Secretaría de Hacienda: las razones del crecimiento, aunque bajo pero crecimiento al fin, no tienen que ver con la política económica del gobierno, sino con el avance en el consumo de los hogares que ha venido registrando puntualmente el INEGI, la muy eficaz política recaudatoria –que ejecuta Núñez-, y la incorporación al mercado formal a trabajadores que vivían en la informalidad. Es decir, las variables que mantienen el crecimiento en positivo no pasan por el manejo de la economía del gobierno, que en realidad, escribió Heath, gasta mucho, gasta mal, no tiene impacto positivo, ni genera empleo. Crea, eso sí, más pobres en México.

En el análisis de Heath se pueden apreciar posibles destellos de la molestia gubernamental con el INEGI. En las páginas de El Financiero, Gabriel Casillas, economista en jefe de Banorte, tocó este tema en un artículo el 27 de octubre, donde apuntó: “El INEGI una institución autónoma del gobierno federal, (y los) funcionarios… pueden enaltecer o criticar constructivamente su labor. Si los analistas podemos ser críticos, ¿por qué no puede serlo un funcionario del gobierno federal, si la opinión se trata de un organismo autónomo a quien ya no puede dirigir, ni ‘torcer las tuercas’, como se dice vulgarmente?”.

Casillas dijo que esta dinámica se da porque la libertad de expresión es mucho más amplia que antaño y que el INEGI es autónomo. Es cierto que hay mayores márgenes de libertad de expresión, pero también lo es que hay tendencias autoritarias regresivas. La autonomía tampoco es diáfana. El concepto de autonomía en un país de libertades acotadas como México, no puede medirse bajo la definición clásica de autonomía. Esto es muy mexicano, como la ley, que se puede violar poquito sin problema, o manejarla a discreción en función de los intereses del gobierno en turno.

La autonomía opera como reloj hasta que se enoja el gobierno. Cuando esto sucede, empiezan los problemas. Núñez mostró la exasperación del gobierno porque la realidad oficial no cuadra con la realidad nacional, y hay quien se los señala. No hay que minimizar sus palabras. No vivimos en Escandinavia, ni somos ingleses. Tampoco nos engañemos. La designación del sucesor de Sojo pasará por el Senado, pero se decidirá antes en el escritorio del secretario de Hacienda. No pueden, como dice Casillas, “dirigir o manipular” al instituto desde afuera. Lo que necesitan tener es a un cómplice metodológico que actúe como le dicten desde Hacienda, no a un presidente que defienda la autonomía del INEGI por encima de sus métricas.

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