Libertad de expresión y de prensa

Los actos llevados a cabo por la Secretaría General de Gobierno de Coahuila contra Armando Castilla Galindo sucedieron de manera intempestiva y, por decir lo menos, violenta. No tengo información acerca del hecho, de ahí que no opine con datos. Aprovecho el suceso para pensar la noción de libertad.

Durante milenios los humanos tuvieron demasiadas definiciones de libertad. 

¿Cómo nace el concepto moderno? Libertad de expresión, de cátedra, de pensamiento, de opinión ¿qué es eso? Un sacerdote dominico, Girolamo Savonarola, enseñaba que la Iglesia se estaba desviando del mensaje de Cristo, que se comercializaban las cosas santas, que el Papa y los obispos eran señores más que servidores. Dijo que los príncipes eran corruptos. 

Savonarola fue enjuiciado y condenado. No se arrepintió; él tenía la razón y la Iglesia se equivocaba. Fue quemado en la plaza pública en 1498. Era evidente que no había libertad de cátedra, ni Savonarola hizo referencia al concepto.         

En México no puede haber libertad política mientras no haya democracia real, mientras haya tales grados de pobreza e ignorancia, mientras los periodistas informen de acuerdo a sus intereses o los partidos políticos basen la democracia en sus privilegios. No puede haber una libertad en el aire. 

Debe significar algo concreto para personas de carne y hueso, de lo contrario se transforma en declaración de principios y en palabrerío.

El Estado (me refiero al mexicano no a Coahuila) es represivo por esencia pero asegura, o debería hacerlo, la libertad de cada individuo dentro de marcos estrictos propiciando que todos puedan desarrollarse de la mejor manera. Si el Gobierno, elemento fundamental del Estado, no protege a sus ciudadanos o protege más a unos que a otros —por ejemplo a los más ricos, a los burócratas, a los parientes...— ellos tienen el derecho y la obligación de buscar mejores gobernantes por medio de elecciones u otras acciones. Lo dice la Constitución.

Supongamos, sin conceder, que el pleito legal por una propiedad, la de Armando Castilla, fuera realmente un trámite jurídico, debería haberse desarrollado de manera pacífica, habiendo advertido a las partes que se llevarían a cabo tales diligencias, etcétera. Pero asaltar a mano armada con una tropa de 100 personas a un ciudadano que, casualmente, es director de un periódico, como que da qué pensar.

Añádale al problema la persecución física de una periodista, la acusación por difamación de honor del profesor Moreira contra otra y la estrecha vigilancia que tuvo lugar frente a VANGUARDIA y verá que los hilos no están sueltos sino que son parte de la misma madeja.

La libertad de prensa es necesaria aún en el caso de que haya, como hay, abusos, cochupos, cuotas. Sucede que no todos los periodistas nos alineamos ante el poder, pero precisamente por eso a veces sentimos el asedio. El Secretario General dijo que había en Coahuila periodistas en nómina: que publique sus nombres. De algunos, todo mundo lo sabe, pero siempre hay sorpresas.

La libertad de prensa, la de cátedra o la de expresión tienen y deben tener un límite: el derecho de los demás. Fuera de eso, las noticias sobre acciones de los funcionarios, sobre el comportamiento de los diputados, el enriquecimiento de los gobernantes, todo es parte del deber de informar del periódico siempre que se diga la verdad. 

La libertad de cátedra tiene, también, sus bemoles, porque el profesor debe enseñar lo que el programa de su asignatura define. No puede ir a decir a los alumnos lo que se le antoje.

Max Weber estableció un principio que todo mundo repite: que el Estado es depositario de la violencia legítima. Es cierto, pero nadie le otorga el derecho a violentar a la ciudadanía en la forma y momento que se le ocurra. Las autoridades deben explicar a los coahuilenses lo que pasó y no sólo la cuestión de un litigio sino, y sobre todo, el porqué de su intimidación excesiva e injustificada contra el Director de VANGUARDIA: violencia física, violencia simbólica, violencia transmitida al público para humillarlo.