Los aciertos (con sus peros) y los focos rojos en la política social de AMLO

Por Andrea Vega (@EAndreaVega) para Animal Político

A 100 días de haber iniciado su gestión, el nuevo gobierno federal ha hecho cambios importantes en la política frente a la pobreza y la desigualdad. Algunos de estos cambios –como el incremento al salario mínimo, la prioridad para atender a la población indígena y becas para jóvenes– pueden lograr resultados si se ejecutan bien. Pero se debe evitar toda forma de simulación, corrupción o clientelismo, advierte la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

En su posicionamiento y análisis de la política social de la nueva administración federal, esta asociación alerta sobre cuatro riesgos y focos rojos para los derechos humanos y la institucionalidad democrática, relacionados con la asignación discrecional de transferencias monetarias y con los cambios sin sustento técnico en programas que no parecen tener una estrategia clara.

El nuevo gobierno recibe un panorama muy negativo –reconoce la organización en su análisis– producto de acciones y omisiones de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, en la que creció la pobreza por ingresos, se perdieron más de la cuarta parte de empleos de mejor remuneración, fracaso la promesa de Hambre Cero y la desigualdad extrema siguió afectando sobre todo a la población indígena.

Las causas de esos errores fueron diversas: se mantuvieron las políticas generadoras de pobreza, marcadas por las ocurrencias y la dispersión de programas; se optó por la simulación y por maquillar las cifras negativas, mientras aumentaba la corrupción y el uso clientelista de los programas sociales.

“La Estafa Maestra” y los reportes anuales de la Auditoría Superior de la Federación documentaron el desvío de recursos que debían beneficiar a la población más vulnerable.

Ante ese contexto, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza reconoce como positivas ochos medidas de la actual administración, pero advierte que necesitarán mejoras.

1.- Incremento al salario mínimo por encima del costo de la canasta básica

Esta decisión es la más relevante, señala la organización en su análisis, porque rompe con una política de contención salarial que llevaba décadas y que es uno de los principales factores de pobreza en México. Pero deberá tener como siguiente paso, asegura, la aprobación de un plan multianual de crecimiento del salario mínimo, ejecutado de forma responsable, que contribuya a recuperar su valor perdido.

2.- Prioridad a las zonas indígenas para implementar los programas sociales

Si los programas son efectivos y se aplican conforme a este principio pueden ayudar a reducir la pobreza crónica y la desigualdad extrema. Pero se deberá cuidar no dejar excluida a la población que vive en zonas urbanas, y que representa la mayoría de quienes padecen pobreza.

3.- Creación de pensión universal para adultos mayores

Es una medida con efecto redistributivo y de reducción de carencias para quienes ya no están en condición de generar ingresos por su cuenta  –indica Frente a la Pobreza– aunque el monto no cubre el costo total de la canasta básica. El punto a cuidar es evitar duplicidades que generen distorsiones al entregar subsidios a quienes ya reciben montos muy superiores por medio del IMSS y otras formas de pensión que también se pagan, al menos de forma parcial, con recursos públicos.

4.- Nuevas transferencias monetarias a personas con discapacidad

Esta medida es relevante porque las personas con discapacidad que viven en condición de pobreza o rezago son un sector de la población excluido e invisibilizado, con condiciones específicas de discriminación. Pero las transferencias de dinero no sustituyen las políticas públicas de inclusión educativa, atención especializada en salud, inserción laboral y accesiblidad, entre otras.

5.- Apoyos para formación en el trabajo a jóvenes desocupados

Dar prioridad a los jóvenes, señala el balance de Frente a la Pobreza, es una de las mejores decisiones de política social. Promover su inserción laboral y la mejora de su empleabilidad genera igualdad de oportunidades, reduce factores de riesgo y detona crecimiento incluyente de la economía. Pero para que sea una política exitosa, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro deberá garantizar el acceso a personas con mayor rezago y promover formación en habilidades socioemocionales.  

6.- Mayores opciones educativas y becas para jóvenes

Crear nuevas universidades y espacios educativos, así como el incremento en el monto y la cobertura de becas para educación media superior y superior impacta en el desarrollo de capital humano y del país. Sin embargo –subraya la organización civil en su balance– se debe considerar ofrecer opciones técnicas y tecnológicas acordes a las realidades económicas de cada región y abrir alternativas de “segunda oportunidad” para 11 millones de jóvenes de entre 18 y 30 años que no han completado la educción media superior.

7.- Cobertura universal de servicios públicos de salud

El acceso universal a servicios de salud es un derecho humano y social básico. No obstante, el anuncio de “recentralización”, que reasigna la responsabilidad operativa al gobierno federal abre muchas interrogantes. Por una parte se cuestiona su viabilidad, la forma en que se puede volver a un modelo centralizado y el papel del IMSS en esa nueva institucionalidad.

Pero también plantea la pregunta sobre si esa medida puede resolver de fondo el problema de la segmentación y de la falta de equidad y calidad en el acceso a servicios de salud.

8.- Apoyo a pequeños productores del campo

Se han anunciado varias medidas de apoyo a pequeños productores del campo, especialmente la siembra de 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables y la recuperación de precios de garantía para un conjunto de productos generados en zonas de muy alto rezago social.

Las acciones con efecto económico son una decisión adecuada. El riesgo en esta serie de políticas, advierte Frente a la Pobreza, es que el concepto de autosuficiencia alimentaria, una de las banderas en estos apoyos, genere “aislamiento” y promoción del autoconsumo.  Además, la organización subraya en su análisis que se deberá tener muy vigilados a los esquemas asociados a CONASUPO, ahora a través de la nueva entidad que fusiona DICONSA y LICONSA, para evitar prácticas de corrupción.

Respecto a medidas con efectos negativos, la organización alerta sobre cuatro riesgos y focos rojos.

1.- Sustitución de programas de servicios por programas de transferencias, como el caso de las Estancias Infantiles

No se puede justificar, dice, la eliminación de un programa que promueve el ejercicio de derechos o que afecten el interés superior de la infancia con base en prácticas o casos de corrupción. La reducción de cobertura, monto y responsabilidad específicas de supervisión, capacitación y evaluación, contradicen el principio de “progresividad” en el ejercicio de derechos sociales previsto en el art. 1º de la Constitución.

2.- Eliminación del modelo de corresponsabilidad y colaboración con las organizaciones de la sociedad civil (OSC)

La cancelación de las convocatorias abiertas a OSC –subraya la asociación– afecta acciones como los refugios para mujeres víctimas de violencia, la atención a personas con VIH, o proyectos de promoción y empoderamiento social en zonas de mayor rezago, y en campos de especialidad, como: economía social y solidaria, nutrición, salud, educación formal y no formal, prevención de la violencia, defensa de derechos humanos, desarrollo comunitario y regional, entre otros.

3.- Asignación discrecional y partidista de transferencias monetarias

Por su cobertura a millones de personas y por el monto presupuestal (más de 150 mil millones de pesos), afirma la OSC, es imperativo evitar cualquier sesgo en la selección de quienes reciban transferencias. Para Frente a la Pobreza es un riesgo operar el “censo del bienestar” desde una estructura partidista o electoral, así como también lo es generar padrones que no cumplen con requisitos para garantizar que los recursos lleguen a quienes lo requieren, sin sesgo político.

4.- Cambios sin sustento técnico o estrategia clara, como en Prospera y “Seguro Popular”

Al desmantelar Prospera y dejarlo como un programa de becas de educación básica, de las que no existe evidencia sobre su impacto, se está dejando sin el componente de nutrición infantil y de acciones preventivas de salud para toda la familia a población vulnerable.

La decisión de eliminar el “Seguro Popular” como parte de la recentralización de los servicios de salud al gobierno federal abre muchas interrogantes –asegura la organización– puesto que la cobertura universal requiere terminar con la segmentación asociada al régimen de contratación laboral de las personas, lo que no se puede improvisar ni estar basado en la recentralización.

Antes estos aciertos con sus riesgos, pero sobre todo ante los focos de alerta, Frente a la Pobreza lanza cinco propuestas: asumir el enfoque de derechos, como está previsto en el art. 1º de la Constitución; articular medidas de política económica con política social; impulsar un sistema universal de protección e inclusión social; garantizar la transparencia y la neutralidad partidista y recuperar e impulsar la participación ciudadana incluyendo a las organizaciones de la sociedad civil.