Mañana se define si García Luna es culpable

CIUDAD DE MÉXICO.- Mañana es un día clave para el resto de la vida de Genaro García Luna. A las 09:00 horas, tiempo del este de Estados Unidos, verá cara a cara al juez Brian Cogan para la audiencia del ex secretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón.

Debido a la pandemia por covid-19, la audiencia contra el ex funcionario señalado de recibir sobornos del crimen organizado se ha ido reprogramando al menos tres veces pues estaba prevista inicialmente para el 30 de mayo.

Este retraso funcionó para que los fiscales fortalecieran el caso, agravando la situación de quien fue considerado como el "súper policía" de México. El 30 de julio se ingresó una acusación de reemplazo en la que, además de incluir a Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, dos de los más cercanos colaboradores del ex secretario de Seguridad Pública, sumaron un señalamiento más a éste: comandar una “empresa criminal continua” con cinco violaciones a la ley de narcóticos.

Este documento ya fue firmado por el nuevo fiscal general para el Distrito Este de Nueva York, Seth DuCharme, quien reemplazó a Richard Donahue y que llamado a Washington para trabajar de cerca con el presidente Donald Trump en plena campaña para su reelección.

Pese a esta nueva encomienda que lo puede convertir en el nuevo Fiscal General de la nación, sustituyendo a William Barr, en caso de que Trump triunfe en las elecciones del 3 de noviembre, Donahue aún alcanzó a firmar un memorándum fechado el 19 de agosto y enviado al juez Brian Cogan y a César de Castro, abogado de García Luna.

En ese paquete, Donahue incluyó decenas de intercepciones telefónicas y registros financieros incriminatorios en contra del otrora poderoso encargado de la seguridad nacional durante la llamada "guerra contra el narco".

Previo a la audiencia de mañana, el martes 29 de septiembre el fiscal DuCharme envió un paquete más de evidencias que probarían la presunta protección dada por García Luna al cártel de Sinaloa, del que además señalan estuvo incrustado en su estructura a la par que dirigía los designios de la seguridad en el país, entre ellas expedientes de la policía mexicana, declaraciones del acusado y videos incriminatorios.

A ese caudal de pruebas se suman, registros públicos certificados, comunicaciones interceptadas, órdenes de allanamiento, libros contables y registros comerciales y financieros, que hablan de una estrecha colaboración entre instituciones del gobierno mexicano, como la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, con los fiscales del distrito este neoyorquino.

Finalmente, el 2 de octubre Seth DuCharme, en otro aviso resumió que, hasta el momento, el gobierno ya cuenta con más de 189 mil páginas de documentos incriminatorios en contra de García Luna, así como una voluminosa cantidad de comunicaciones interceptadas que probarían sus vínculos con el narco.

A decir de ese último memorándum, la fiscalía ya considera que este caso se encamina a un juicio del cual calculan puede durar hasta tres meses, sugiriendo el modo “anónimo y aislado” en que tendrían al jurado. Igual que hicieron en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán.

Testigos protegidos contra García Luna

Incluso los fiscales de Brooklyn ya contemplan recurrir a la información que puedan ofrecer testigos protegidos. En Estados Unidos se hallan detenidos narcotraficantes, quienes en busca de obtener beneficios legales como el ver reducida su condena, accederían viajar a Nueva York a declarar en contra de García Luna.

Uno de ellos es Jesús El Rey Zambada, hermano del líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zamabada, quien destapó en el juicio contra El Chapo, los presuntos sobornos entregados a García Luna, cuando era director de la Agencia Federal de Investigaciones en el gobierno de Vicente Fox.

El mismo DuCharme insistió en el oficio firmado el 2 de octubre que todo ese caudal incriminatorio se verá enriquecido en las próximas semanas con más pruebas que, hasta el momento, permanecen encriptadas, sobre todo, datos obtenidos “de los dispositivos electrónicos del acusado recuperados en el momento de su detención”.