Más militares, ¿mejor seguridad?

La necesidad de una estrategia eficaz en materia de seguridad ha tenido, como respuesta recurrente de sucesivos gobiernos federales en México, la militarización de las tareas policiales. Tal estrategia ha sido replicada por no pocos gobiernos estatales, entre ellos el de Coahuila que es probablemente una entidad sobresaliente por la cantidad de recursos que ha destinado en los últimos años para incrementar la presencia militar en su territorio.

En lo que va del sexenio se han invertido alrededor de 1 mil 600 millones de pesos para la construcción de tres nuevos destacamentos militares en territorio coahuilense: uno en la región Laguna, en el municipio de San pedro; otro en la región Centro, en el municipio de Frontera y uno más en la región Fronteriza, en el municipio de Piedras Negras.

Este último, correspondiente al 12º Regimiento de Caballería Motorizado, será inaugurado el día de hoy en una ceremonia que encabezará el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien por primera ocasión visitará una frontera considerada epicentro de varios de los peores episodios de violencia vividos en la entidad en los últimos años.

Las nuevas instalaciones militares han tenido un costo de 700 millones de pesos y son señaladas como un activo relevante para el sostenimiento de la seguridad en la región y el Estado.

Sin duda la presencia militar tiene una relevancia importante en la lucha que el Estado Mexicano ha librado en los últimos años en contra de la delincuencia organizada cuyas principales cabezas lanzaron abiertos desafíos a las instituciones públicas.

Sin embargo, aún aceptando que la presencia contingente del ejército en la lucha contra la delincuencia fue necesaria (por inevitable), constituye un error plantearse a largo plazo el mantenimiento de la paz pública y de la tranquilidad colectiva con base en las operaciones militares.

Tener más elementos castrenses en las calles y/o a cargo de operativos policiales no es la solución de fondo para los problemas de inseguridad de ningún país democrático. Y eso es así por una razón muy simple: los elementos del ejército son militares, no policías, y su entrenamiento no es el idóneo para prevenir y combatir los delitos.

Por ello valdrá la pena que la existencia de un mayor número de instalaciones militares en territorio coahuilense no se venda como la “fórmula ideal” para el combate a la delincuencia organizada y que los esfuerzos presentes y futuros en la materia se centren en el diseño e implementación de estrategias de carácter civil.

El Ejército Nacional tiene importantes tareas que cumplir en materia de defensa de la soberanía nacional y en la atención a las víctimas de desastres naturales. Al cumplimiento de esas tareas, que la propia Constitución le asigna, deben disponerse sus miembros.

Las tareas de seguridad pública son responsabilidad de otras instituciones.