Memorándum y ley
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En estos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reabierto un tema que, a lo largo de la historia, se ha convertido en un dilema constitucional: el de la legalidad y la legitimidad de las normas jurídicas, a propósito de la derogación de la reforma educativa. Y en ninguno de esos ámbitos el Congreso puede estar ausente. En la nueva realidad que vive nuestro país, si una ley expedida es injusta, el Congreso deberá corregirla y convertirla en justa.
Esa disyuntiva no se presenta en estados democráticos o, si acaso, llega a aparecer de manera excepcional; pero en nuestro País todavía es preciso reforzar el Estado de derecho para poder generar una convivencia armónica entre la sociedad.
Y es que aún en nuestro País la justicia y la ley no siempre coinciden: existen leyes injustas, pero también hay reformas que son legales, más no legítimas. Tal es el caso de la reforma educativa, que fue aprobada por una mayoría en el Congreso, pero de cuyo proceso legislativo fueron excluidos el magisterio, las madres y los padres de familia y los trabajadores de la educación.
¿Cómo corregir una reforma injusta? Se podría lograr mediante un referéndum ciudadano, pero a falta de ese instrumento, es posible conseguirlo a través de diálogo, negociación y consensos en el Congreso de la Unión.
Precisamente, es obligación del Congreso traducir una ley injusta en justa, y si una norma es legal, pero es injusta, las legisladoras y los legisladores se deben ocupar en imprimirle legitimidad y cambiarla, por el bien de la sociedad.
Actualmente tenemos, como nunca antes en las décadas recientes, la oportunidad de sentar y fortalecer las bases que transformen la educación en México, lo cual es el camino para lograr el desarrollo de nuestro país, e impulsarlo para que se convierta en la potencia mundial que puede llegar a ser.
La cobertura de la educación, es decir, que ésta llegue a todos los rincones de México, no es suficiente: los países desarrollados se caracterizan por la elevada calidad de la educación. Nuestra niñez y juventud requieren y merecen una educación de excelencia.
Hoy, cuando se ha reabierto la conversación pública en todos los sectores respecto a la crisis que vive la educación en nuestro país, despertando suspicacias y, también, dudas, corresponderá al Poder Legislativo, en el ámbito de sus atribuciones, hacer su parte, y en ambas Cámaras estaremos tratando de alcanzar los conciertos necesarios para realizar las modificaciones legislativas pertinentes.
El memorándum, o memorando, por definición, da a conocer de manera breve algún asunto relevante que deba saber el destinatario, para su atención administrativa, legal o incluso diplomática. Así, el documento suscrito por el presidente de la República, en modo alguno, puede sustituir a una norma: recuérdese que, entre otras, las características de una ley es que es obligatoria, general, impersonal y abstracta.
Esto ha causado extrañeza; sin embargo, el artículo 1 de la Constitución, desde junio de 2011, introdujo en el orden jurídico el bloque de constitucionalidad que entraña aplicar siempre la norma que más beneficie a la persona, haciendo un control de constitucionalidad, un control de convencionalidad o una interpretación conforme, o a inaplicar, en el ámbito jurisdiccional, normas para alcanzar el objetivo de la justicia.
Las normas vigentes actualizan una colisión que se da en el derecho humano al trabajo, previsto en el artículo 123 constitucional, con los elementos para la aplicación del sistema profesional docente previsto en el artículo 3 de la Carta Magna. En los principios del derecho no hay absolutos: requerimos una norma que armonice estos preceptos y ponga en el foco de atención el derecho humano a la educación de la niñez y la juventud de México.
En un Estado constitucional y democrático es normal disentir y tener posturas diferentes frente a un mismo problema público; no obstante, hoy ya hay condiciones para que se den procesos para el diálogo y la construcción de consensos. También, ante la falta de éstos, existen medios de impugnación para que quienes consideran afectados sus derechos, acudan al Poder Judicial, a fin de que éste resuelva la controversia, en un sano equilibrio de poderes y contrapesos.
Sin embargo, si queremos alcanzar la justicia, debemos contar con normas generales justas para que con la aplicación de la ley se logre el bien supremo tutelado por el derecho a la justicia y la legalidad.
El desafío del Constituyente Permanente en materia de educación consiste en armonizar el derecho humano de las personas a la educación, como el medio para lograr el desarrollo de un país, y el derecho humano de las y los docentes al trabajo con respeto a su dignidad humana. Ello sólo será posible con un diálogo incluyente, que privilegie el interés general sobre intereses particulares; sólo así la sociedad recobrará la confianza en los poderes públicos.
