Mentiras antes y desengaños ahora

La legislación electoral mexicana establece desde hace tiempo una importante disposición que es objeto de muy escaso interés, aun entre los especialistas en la materia. Se trata de las plataformas electorales de los partidos. Sobre el punto, el artículo 236 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece lo siguiente:

“1. Para el registro de candidatos a todo cargo de elección popular, el partido político postulante deberá presentar y obtener el registro de la plataforma electoral que sus candidatos sostendrán a lo largo de las campañas políticas”.

El precepto citado señala incluso cuál es la fecha límite para presentar tales plataformas ante la autoridad electoral. De no presentarla algún partido, perdería en automático el derecho a postular candidatos en la elección de que se trate. Así es que buen cuidado tienen todos de cumplir en tiempo con este requisito. Y lo hacen casi siempre, como se dice, sólo para llenar el expediente.

A pesar de que el INE ordena la publicación de las plataformas de los partidos en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la verdad es que después nadie se ocupa de tales documentos, ni siquiera los analistas más exigentes y puntillosos. Tampoco la autoridad electoral verifica que los candidatos sostengan (es decir, publiquen, difundan, promuevan y defiendan) su respectiva plataforma electoral durante la campaña, como lo ordena la ley.

Por lo anterior, considero interesante comparar lo que el partido Morena propuso sobre ciertos tópicos durante la campaña electoral de 2018 –que como se recordará fue tanto para elegir presidente de la República como para diputados y senadores– con las que después han sido sus decisiones legislativas y sus políticas públicas.

A su plataforma para dicho proceso electoral Morena la llamó “Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024” y así fue presentada al INE para su registro.

En el punto tres de dicho documento se lee: “México ha padecido un exceso de modificaciones constitucionales, legales y reglamentarias, pero la parte medular de los problemas nacionales no deriva de la falta de leyes ni de su ineficiencia, sino de la ausencia de voluntad de cumplirlas o bien de su utilización discrecional, facciosa, arbitraria y corrupta”.

Eso es lo que oficialmente sostuvo Morena en 2018. En dos años y medio de gobierno se ha encargado de demostrar lo contrario. Es decir, contra lo que sostenía, ha propuesto numerosas modificaciones al marco jurídico del País, aprovechando la mayoría aplastante de legisladores con los que cuenta en ambas Cámaras, reformas que por cierto no menciona en su plataforma que llevaría a cabo. Y Morena mintió –o al menos se equivocó– al considerar que el conjunto de leyes vigentes en el País antes de su llegada al poder sostenía que era eficiente, para luego salir con que no era así.

En el tercer párrafo del mismo apartado tres de su Plataforma dice Morena que la corrupción “puede y debe ser erradicada. Para ello –afirma– resulta fundamental respetar la ley. Si hay voluntad de aplicarla, se puede atacar la impunidad desde su raíz. Este propósito se puede lograr sin modificar la Constitución ni embarcarse en un vértigo de reformas a la legislación secundaria sino con el cumplimiento de una (la Constitución) y de otras (las leyes secundarias) mediante la convocatoria a la sociedad a una regeneración ética que redundará en beneficio de todos”.

Por lo visto Morena se equivoca de nuevo. Con el pretexto de combatir la corrupción se ha presentado no un vértigo –como decía temer– sino una verdadera diarrea legislativa, que tampoco ha sido eficaz porque los indicadores que miden la percepción de la gente en materia de corrupción señalan que ésta con Morena no ha disminuido.

El último párrafo del citado apartado tres de la Plataforma de Morena dice así: “Uno de los lineamientos de este Proyecto de Nación es reducir al mínimo las reformas que el Ejecutivo deberá proponer al Legislativo para llevar a cabo sus acciones de gobierno, y una de las condiciones establecidas para todas sus propuestas es que se apeguen a la observancia de las leyes tal y como se encuentren redactadas en diciembre de 2018. Así, se asentó que los proyectos gubernamentales habrán de respetar la separación de poderes y la autonomía de los organismos autónomos del Estado y garantizar la certidumbre jurídica de todos los contratos vigentes, particularmente los derivados de las llamadas ‘reformas estructurales’…”.

Como fácilmente lo puede comprobar el lector a través de un mínimo análisis, resulta imposible incluir mayor número de mentiras en un sólo párrafo con la extensión del anterior.