México revive el temor a un nuevo ‘gasolinazo’

México revive, en estos primeros compases de 2018, uno de sus mayores fantasmas recientes: el de un nuevo gasolinazo, como se conoce popularmente al súbito aumento del precio de los combustibles. La liberalización del mercado, con el consiguiente punto y final a la mayoría de subsidios, desató a principios del año recién concluido un fuerte encarecimiento en el precio de venta al público de gasolinas y gasóleos (de entre el 14% y el 20% entre el 31 de diciembre y el 1 de enero) y una oleada de protestas en las principales ciudades del país que dejaron medio millar de detenidos por robo y vandalismo solo en la capital y en el Estado de México, el más poblado del país. Un año después en las calles no queda ni rastro de aquel estallido social: pese a que los precios de la gasolina, ya dependientes de la cotización del petróleo en los mercados, siguieron su escalada y la popularidad del Gobierno ha prolongado su caída, las aguas fueron calmándose a medida que avanzaban los meses.

Sin embargo, la llegada del nuevo año ha supuesto el regreso del gasolinazo al debate público. El origen del temor a un nuevo encarecimiento brusco de los carburantes procede, en esta ocasión, de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas). En un comunicado hecho público este martes, la patronal asegura que el precio de la gasolina podría dispararse hasta un 7% si el impuesto federal al que están sujetos los combustibles (el IEPS), que el Gobierno varía para evitar incrementos drásticos en el precio, sigue subiendo. Esta “variable de ajuste”, como la denomina Carlos Serrano, economista jefe de BBVA Bancomer, desempeña un papel clave en un momento en el que la inflación crece a un ritmo superior al 6% interanual.

La petrolera estatal, Pemex, y el Gobierno no tardaron en salir al paso. “Petróleos Mexicanos afirma que se va a mantener la política de precios graduales de combustibles y rechaza categóricamente cualquier comentario especulativo al respecto de supuestos incrementos en los mismos. No existe ningún fundamento para estimar un aumento brusco, lo que no ha ocurrido”, subrayó la dirección del antiguo monopolio estatal en un comunicado, al tiempo que cargaba explícitamente contra la asociación de estaciones de servicio. “Cabe recordar que Amegas representa menos del 5% del total de empresarios del sector y ha realizado constantemente declaraciones sobre los precios de las gasolinas que han resultado imprecisas o hasta mal intencionadas. Llamamos a la prudencia y a evitar la desinformación en un tema tan delicado”.

Minutos después, el Ejecutivo federal respaldaba, en una nota, la posición de la mayor empresa pública de México: “Los precios al público de las gasolinas y el diésel están siendo determinados por cada estación de servicio del país, sin que exista un precio máximo o un precio único determinado por el Gobierno. Sin embargo, como parte del proceso de transición en la apertura del mercado de combustibles, durante 2018 se continuarán amortiguando las variaciones en los precios internacionales de los combustibles mediante el esquema de estímulos al IEPS”. En otras palabras: las autoridades harán lo posible por evitar nuevas subidas bruscas en año electoral.

“Hay que verlo en el contexto de un año de elecciones: la lucha está ya en marcha y eso lo abarca todo. Un gasolinazo propiamente dicho sería contraproducente para los intereses del Gobierno tras las protestas del año pasado: el aumento va a ser diluido y la mayor subida será, en todo caso, después de los comicios”, apunta Alicia Puyana, profesora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México muy crítica con las “pésimas” decisiones tomadas por los sucesivos Gobiernos mexicanos desde la década de los setenta en materia petrolera: “Se decidió no invertir en refinación y depender de las importaciones. No tiene sentido vender petróleo para comprar gasolina”. Serrano, de BBVA, sostiene, con argumentos puramente técnicos, que no habrá una subida fuerte de la gasolina en 2018 a diferencia de lo ocurrido en 2017: “En el precio actual está incorporado un tipo de cambio de hasta 22 pesos por dólar [frente a los poco más de 19 actuales] y un barril de brent de hasta 70 dólares [hoy, 68 pese a su reciente encarecimiento]”.

México elegirá en julio nuevo presidente y cualquier asunto es susceptible de convertirse en bandera política a favor o en contra del Ejecutivo de Enrique Peña Nieto. Más aún cuando quien ocupaba el cargo de secretario (ministro) de Hacienda cuando se decretó la liberalización del precio de la gasolina, José Antonio Meade, es hoy candidato del PRI. Consciente del peso que este factor puede jugar en una contienda electoral que se prevé más ajustada que nunca, con hasta tres candidatos con opciones de victoria, el propio cabeza de cartel priista ha negado este miércoles ser el padre del gasolinazo de enero de 2017 a pesar a que entonces ocupaba la cartera económica de mayor peso del Ejecutivo mexicano.

“No se ha sabido explicar que estamos ya en un mercado abierto: el precio del barril [de crudo] no lo controla México, tampoco el de refinación [pese a ser productor neto de petróleo, importa de EE UU las dos terceras partes de la gasolina que consume], ni la logística…”, opina Ramsés Pech, analista independiente especializado en energía. A su juicio, la posición de los empresarios del sector gasolinero tiene que ver más con una defensa de sus intereses que con un pronóstico certero: “Un IEPS bajo es un subsidio encubierto, de tal forma que cuando sube, el margen de las estaciones de servicio cae”, agrega. “Simplemente, no les interesa que suba”.

Por su parte, Miriam Grunstein, profesora de la Universidad Panamericana e investigadora del Baker Institute para temas energéticos, prefiere evita la palabra gasolinazo: “Haciéndolo, estamos cometiendo un error: presuponemos un control gubernamental total que ya no existe”, subraya la académica. “Es un término punitivo unilateral, en cierta medida injusto: estábamos encantados cuando nos daban la gasolina barata y no nos quejábamos aun sabiendo que habría un precio a pagar. Ha habido corresponsabilidad de los consumidores, que hemos tolerado regalos de los diferentes Gobiernos y ahora lo estamos pagando”.