Morena solicitará desaparición de poderes en Tamaulipas y Guanajuato gobernados por panistas

En la sesión de este martes, el grupo parlamentario de Morena solicitará la desaparición de poderes en los estados de Tamaulipas y Guanajuato, y en ambos casos solicitará el nombramiento de un gobernador provisional. Argumenta la crisis de inseguridad en esas entidades y en el primer caso alude a la ejecución de ocho ciudadanos por parte de policías estatales el pasado 5 de septiembre.

Estas solicitudes que presentará Morena se relacionan con la misma solicitud que hizo el PAN en el estado de Veracruz, donde solicitaron la desaparición de poderes también por la crisis de inseguridad, el creciente número de desapariciones y feminicidios.

Morena sostiene en el caso de Tamaulipas que desde 2016, fecha en que el gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca asumió su mandato, lo indices delictivos se han incrementado y hoy es una de las entidades más violentas del país, en donde sus habitantes se encuentran “en un estado de vulnerabilidad sin precedentes debido a que por un lado deben enfrentar los estragos causados por el crimen organizado y por el otro, están expuestas a los cuerpos de seguridad que las autoridades estatales utilizan de manera injustificada para reprimirlos”.

Refieren la ejecución de ocho personas el 5 de septiembre pasado, en donde se informó que policías estatales se enfrentaron con “presuntos delincuentes”. Sin embargo testigos y familiares sostienen que “fueron sacados de sus casas y que fue una ejecución arbitraria y extrajudicial y que se hizo un montaje de enfrentamiento”.

En el caso de desaparición de poderes de Guanajuato, Morena sostiene que “desde hace por lo menos cinco años una grave crisis de violencia e inseguridad se registra en esa entidad en donde los pobladores han visto como día con día se deterioran sus condiciones de vida”.

De igual forma los senadores de Morena señalan que el gobernador de esa entidad Diego Sinhué Rodríguez ha dejado de manifiesto la incapacidad de preservar la seguridad pública y jurídica de la población, así como la permanencia y funcionamiento normal de las propias instituciones de la entidad y de quienes las dirigen, lo cual es muestra de que le orden constitucional se ha quebrantado y no es posible que continúen en funciones los poderes de dicha entidad.