Pacto Fiscal: una discusión necesaria pero compleja

Uno de los temas que durante las últimas semanas se ha posicionado en la agenda pública –a partir de la iniciativa de un conjunto de gobernadores surgidos de partidos distintos al del Presidente– es el relativo a la necesidad de repensar el “Pacto Fiscal”.

Pero, ¿qué es el pacto fiscal? En esencia, es un conjunto de reglas que determinan la forma en la cual se distribuye el dinero que la Federación recauda en todo el País, por concepto de impuestos, y que integra la bolsa más importante de recursos que los ciudadanos aportamos para financiar el gasto público.

No se trata, es importante decirlo, de la única fuente de recursos de la cual disponen los gobiernos municipales y estatales, pero sí de la bolsa más importante, porque las contribuciones que mayor recaudación generan en México son las que tienen que ver con impuestos federales.

En otras palabras, los recursos que los ciudadanos entregamos para financiar el gasto público son, sobre todo, los que cobra el Poder Ejecutivo Federal a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y, aunque los estados y los municipios tienen una lista amplia de impuestos, derechos y aprovechamientos que recaudan por su cuenta, estos son de mucha menor cuantía que los primeros.

Por eso es que el denominado “Pacto Fiscal” constituye un elemento de discusión, pues aun cuando los estados y municipios cuenten con fuentes “propias” de financiamiento, lo cierto es que sus presupuestos dependen fundamentalmente de los recursos que la Federación les transfiere –o “regresa”– a través de diversos conceptos.

¿Y cuál es el problema con eso? Esencialmente la fórmula que se utiliza para determinar cuánto dinero le corresponde a cada entidad de la bolsa general que se integra a partir de la recaudación que obtiene el SAT.

Esta fórmula, se ha debatido largamente, no es “justa” porque no toma en cuenta, por ejemplo, los esfuerzos que se realizan a nivel local para reducir los niveles de desigualdad social, o para abatir los índices de informalidad laboral, o para promover el crecimiento económico.

Los elementos a partir de los cuales se discuten estos temas son de carácter esencialmente técnico y se requiere de cierto conocimiento especializado para comprenderlos a cabalidad. Sin embargo, este hecho no debería ser obstáculo para que se registre una discusión amplia en torno al tema.

Pero justamente porque se trata de un tema esencialmente técnico, quienes desde hace mucho tiempo han planteado la necesidad de repensar el pacto fiscal han sido ineficaces en el propósito de instalar la discusión en la agenda pública, pues no han sabido explicar su esencia para el ciudadano común.

Hoy, que nuevamente el asunto se encuentra sobre la mesa, habría que realizar un mayor esfuerzo para simplificar conceptos y “traducir” los esquemas técnicos al lenguaje común, a fin de que un mayor número de personas pueda comprender la relevancia del tema e involucrarse en su discusión.

Esforzarnos en este propósito debe tener como meta que no terminemos enfrascados, como ha ocurrido hasta ahora, en una simple pugna política entre quienes apoyan a la federación y quienes respaldan a los estados.