Muchos motivos de queja tenemos los ciudadanos en contra de la actuación cotidiana de nuestras autoridades. Uno de los más relevantes es el hecho de que el costo de las pifias cometidas por los funcionarios públicos lo debemos pagar los contribuyentes, es decir, los ciudadanos.

Y es un motivo de queja porque, al menos en teoría, cuando algo sale mal en el servicio público, lo menos que debería hacerse es indagar si el “error” cometido constituye efectivamente un error o se trata de una pifia atribuible a la falta de experiencia, pericia, o descuido de quienes tienen a su cargo las decisiones que nos afectan a todos.

Y aquí es importante separar los errores de las pifias. Los errores son hechos impredecibles que ocurren de forma aleatoria y contra los cuales no existe posibilidad alguna de previsión. Las pifias son consecuencias indeseables que pudieron ser evitadas, bien sea porque existía experiencia previa, bien sea porque era evidente que el resultado de las decisiones tomadas no podía ser feliz.

Contra los errores -los que genuinamente son errores- no existe posibilidad alguna de queja siquiera. Simple y sencillamente debe uno resignarse a ellos y asumir el costo de sus consecuencias.

Pero contra las pifias no solamente es legítimo, sino obligado, quejarse y exigir que los hechos sean investigados con la finalidad de que se imponga castigo a quienes, debiendo tomar decisiones diferentes, se empeñaron en continuar por el camino que condujo al desastre.

El comentario viene al caso a propósito del reporte periodístico que publicamos en esta edición, relativo al hecho de que la obra de canalización del arroyo Ceballos -que atraviesa la mancha urbana de Saltillo- ha cumplido un año de haber fallado en forma catastrófica sin que se haya ofrecido oficialmente explicación alguna respecto de las medidas que se adoptarán luego de que la naturaleza haya convertido en humo los 43 millones de pesos invertidos en la misma.

¿Se trató de un “error” genuino que no pudo ser previsto por los especialistas en ingeniería civil e hidráulica que debieron ofrecer opiniones expertas en relación con la obra? ¿Se trató de una pifia debido a que la obra no se puso en manos de auténtico especialistas en la materia?

Las preguntas anteriores merecen una respuesta puntual por parte de las autoridades, pues los ciudadanos no podemos ver, sin inmutarnos, cómo se esfuman 43 millones de pesos sin que ello reporte ningún beneficio para la colectividad y, sobre todo, sin que el problema existente haya sido solucionado ni siquiera parcialmente.

Ha transcurrido un año desde que el “error del Arroyo Ceballos” se llevó a la basura un importante presupuesto que, utilizado correctamente en otros rubro, habría reportado beneficios importantes para la comunidad. No es ocioso pedir explicaciones y exigir que se aclare si se trató de un error o de una pifia que debe ser castigada.