Nadie sabe, nadie supo, pero en febrero pasado el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) designó inamovibles a tres de sus cinco comisionados (antes consejeros) por siete años más. Lo que representa la mayoría simple de su Consejo General.

De tal forma, sumando el tiempo que acumulan en dicha posición, habrán de concluir su encargo —si no sucede nada extraordinario— en 2023 luego de 14 años ininterrumpidos cobrando 113 mil pesos mensuales. Como si fuese una magistratura pero con menores responsabilidades.
Qué tal.

Ahora bien, si Teresa Guajardo —la única comisionada— aplicase también su “derecho de ratificación” (¿cree usted que no lo hará?), dejará la silla libre hasta 2024. El comisionado restante, Alfonso Villarreal, es el único que ya no podrá perpetuarse y deberá salir en 2018 luego de permanecer 14 años en el Instituto, desde su fundación en 2004.

Y aquí viene lo interesante: aunque las reformas y adiciones a la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado entraron en vigor el 11 de septiembre de 2015, tardará casi una década en renovarse completamente —conforme con las nuevas reglas— la cúpula del ICAI. Dicho de otra forma: los encargados de aplicar ese ordenamiento.

La protección laboral para los cinco comisionados es tanta que sólo podrán ser removidos en los términos del Título Séptimo de la Constitución de Coahuila: el inaplicable capítulo de “responsabilidades de los servidores públicos estatales y municipales”.

El asunto primordial, por tanto, es la inmovilidad en el seno del órgano directivo. ¿Es positiva o negativa?, ¿significa estabilidad o estancamiento?, ¿genera especialización o marrullería? Lo más importante: ¿a quién conviene?

Para empezar, los comisionados iniciaron el 2016 con prisa por investirse.

La referida Ley de Acceso a la Información Pública, en el Artículo Transitorio Octavo, señala que 120 días antes de concluir sus cargos el Consejo General del ICAI deberá solicitar al Congreso del Estado la ratificación de sus integrantes, si así lo desea. Y eso fue lo que hicieron: durante la sesión 136 del pasado 4 de febrero por unanimidad los comisionados acordaron “formalmente iniciar y dar trámite al procedimiento”, como consta en el comunicado C.U.D/D.G. 12/16.

Seis días después, con una rapidez inaudita, los diputados locales expidieron el decreto 382 y ratificaron a los tres funcionarios mencionados líneas arriba: Luis González Briseño y José Manuel Jiménez y Meléndez, quienes repetirán periodo a partir de julio de 2016, y al actual Presidente, Jesús Homero Flores Mier, quien hará lo propio a partir de diciembre del año en curso.

Sin embargo hay un detalle: comisionados y legisladores se adelantaron cinco y 10 meses respectivamente a los tiempos legales. Es verdad: a nadie le importa lo que suceda en el ICAI. ¿Cuál era la prisa por blindarse antes de hora entonces?

Cortita y al pie
Cosa curiosa: dos semanas después a eternizarse (24 de febrero), el Consejo General del ICAI anunció a los medios de comunicación que adquirirían vehículos nuevos para uso personal con cargo al erario. Por consecuencia la polémica de los modelos 2016, natural y previsible, opacó al tema principal: la inmovilidad.
¿Coincidencia o premeditación?

La última y nos vamos
En resumen: el Consejo General pide ser eterno al Congreso del Estado, éste aprueba sin ninguna objeción como una Oficialía de Partes, y el procedimiento se desarrolla sigilosamente para que no hagamos olas. Es lógico: quienes trabajan en el ICAI han encontrado un muy redituable modus vivendi y por supuesto no les interesa que nos enteremos.
Irónico mensaje, tratándose de los defensores de la transparencia en Coahuila.

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