El primer resultado significativo del cambio de procedimiento implementado por la Comisión Federal de Electricidad para adquirir el carbón que utiliza para la operación de sus plantas generadoras en Coahuila, es la detección de un “sobreprecio” equivalente a 18 puntos porcentuales en el precio de la tonelada del mineral.

Y es que, de acuerdo con la información proporcionada luego de la realización de la primera “subasta a la inversa”, es que el precio de la tonelada de carbón pasó de 970 a 790 pesos; es decir, disminuyó 180 pesos por tonelada.

La cifra anterior, por sí sola, poco o nada puede decirnos sobre el impacto que el nuevo procedimiento de adquisición tiene en las finanzas de la paraestatal, pero adquiere una dimensión absolutamente distinta cuando multiplicamos los 180 pesos por el volumen de mineral que la CFE adquirirá únicamente en la primera fase del proceso licitatorio: 390 mil toneladas.

Tal sólo en este primer paquete que, a través de lotes de distinto tamaño, está siendo subastado, Comisión Federal está ahorrándose más de 70 millones de pesos que anteriormente se gastaron de forma innecesaria.

¿Quienes se quedaban con este dinero? ¿Quiénes se embolsaban millonarias ganancias a costa de los productores de carbón sin derramar en el proceso una sola gota de sudor?

Se trata de preguntas que deberían ser respondidas por las autoridades federales y estatales o, más bien, que deberían provocar investigaciones para determinar si en el proceso de adquisición del carbón -en el cual ha intervenido una entidad pública- se han registrado casos de corrupción.

Porque, como se ha dicho desde que se anunció la decisión de CFE, la nueva modalidad de adquisición lo primero que ha dejado claro es que el “coyotaje”, teóricamente combatido mediante la creación de la Prodemi, ha seguido gozando de cabal salud.

Como cualquier empresa, la CFE ha tomado una decisión racional: dejar de pagar caro un insumo que puede conseguir a mejor precio y comprándoselo a las mismas personas de siempre sólo con una diferencia: eliminando de la ecuación a los intermediarios.

Está claro que los productores no ganarán menos con el nuevo esquema, pues de otra forma no venderían, simple y sencillamente porque nadie puede operar con un esquema de pérdidas. Un negocio debe generar ganancias o dejará de existir.

Por el otro lado, la CFE requiere del insumo y no puede -ni debe- instrumentar políticas que hagan quebrar a sus proveedores pues eso equivale a darse un balazo en el pie.

Así pues, dado que la evidencia punta claramente en la dirección de los “coyotes”, lo que debiera aclararse ahora es quiénes son, cuánto se embolsaron en el negocio y si esas ganancias son legítimas o pueden reclamárseles.