Sentencia al ‘Padre Meño’: un fallo histórico
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El Tribunal de Juicios Orales de Piedras Negras emitió ayer un fallo que puede considerarse histórico, no solamente porque implica haber encontrado culpable de un delito sexual a un sacerdote católico, sino porque abre la puerta a la posibilidad de que se haga justicia en un aspecto sumamente oscuro de nuestra vida pública.
El juicio seguido a Juan Manuel Riojas Martínez, mejor conocido como “Padre Meño”, capturó la atención de la sociedad coahuilense debido a que, aun cuando se ventilen públicamente presuntos casos de pederastia cometidos al amparo del sacerdocio, rara vez las víctimas se atreven a confrontar legalmente a sus victimarios.
Pero incluso cuando las víctimas logran reunir el valor que implica ventilar públicamente sus historias, el sistema de justicia no suele actuar con la diligencia debida para garantizar que la verdad se conozca y, de existir elementos para ello, se castigue a los responsables.
La defensa del “Padre Meño” ha adelantado que impugnará la sentencia una vez que el próximo miércoles se individualice la pena, algo a lo que tiene derecho, desde luego.
Con independencia de la sanción específica que le sea impuesta al sacerdote Riojas Martínez, quien fue encontrado culpable de haber atacado sexualmente a un menor de edad, aprovechando su situación de ministro de culto, es importante considerar que este caso plantea la posibilidad de que la pederastia clerical no sea más una conducta que pueda gozar de impunidad.
Porque, como se ha documentado ampliamente, el abuso sexual cometido por sacerdotes constituye una conducta que ha sido denunciada en muchos países del mundo y que en lugares como Estados Unidos ha derivado en la imposición de sanciones multimillonarias en contra de la Iglesia Católica.
El tema es incluso, desde hace varios años, motivo de una permanente polémica pública alimentada por señalamientos que plantean la existencia de una política de encubrimiento, dictada desde la misma sede de curia romana para mantener a sus sacerdotes en la impunidad.
¿Qué tan extendida se encuentra la conducta en nuestra entidad? ¿Cuántos casos más existen en México que no han sido denunciados ni han generado el inicio de un proceso penal? ¿Tendrían que ser más proactivas las autoridades responsables de la procuración y administración de justicia para evitar la impunidad en estos casos?
Las interrogantes anteriores, particularmente la última, deben responderse a partir de fijar una posición intransigente en contra de los delitos sexuales, sean quienes sean los perpetradores, pues una sociedad que pretenda organizarse en torno a valores democráticos no puede tolerar que se ataque impunemente la intimidad e integridad de sus niños.
Hoy, una víctima ha recibido justicia en primera instancia. Y aun cuando la sentencia condenatoria no repara el daño sufrido, constituye un paso indispensable no sólo para que las heridas sufridas puedan comenzar a sanar, sino para que el castigo impuesto se constituya en un eficaz disuasor para quienes, como el “Padre Meño”, abusan de su poder para satisfacer sus instintos.
