Shell contra más de 17 mil ciudadanos, el “juicio climático” del año en Países Bajos
COMPARTIR
TEMAS
La petrolera Shell se enfrenta a la ONG Amigos de la Tierra, respaldada por 17,300 ciudadanos, un “juicio climático” en Países Bajos que pone en el horizonte un antes y un después en la lucha climática mundial.
La petrolera Shell se enfrenta este martes a un caso judicial en Países Bajos que podría suponer un antes y un después en la lucha climática mundial. La ONG Amigos de la Tierra, respaldada por 17,300 ciudadanos, demanda a la compañía reducir sus actividades emisoras en un 45 % durante la próxima década.
Anne Hellendoorn, que estudia Ciencias Ambientales a sus 17 años, es una codenunciante. Alarmada por la falta de avances hacia los objetivos climáticos, explica a Efe que la cuestión ambiental “es muy importante y la raza humana sería un poco estúpida si provoca su propia extinción”, por lo que urge a petroleras y a la sociedad a “actuar” en consecuencia.
Esta joven y otros 17,378 ciudadanos neerlandeses exigen a Shell que “deje de bombear gas y petróleo” porque ellos ya hacen lo que pueden cada día: comer menos carne industrial -responsable del 14.5 % de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero- y apostar por el transporte público para largas distancias y la bicicleta para el día a día.
El caso, presentado ante la Justicia neerlandesa por Amigos de la Tierra en Países Bajos (Milieudefensie), respaldado por otras seis organizaciones, busca que la compañía “sea consciente del daño tan peligroso que causa” y de que “debe tomar responsabilidades reduciendo emisiones”, añade a Efe Nine de Pater, portavoz de la ONG denunciante.
CONTAMINA EL DOBLE QUE TODO PAÍSES BAJOS
Las petroleras como Shell son de los mayores contaminantes del planeta y “todos deberían aportar un granito de arena en esta jornada hacia un estilo de vida más verde” porque “ni hay un plan B, ni hay más alternativa” que reducir las emisiones, recuerda Hellendoorn.
“Shell actúa como si estuviera haciendo mucho por el medioambiente, cuando en realidad no están siguiendo las normas y lo que es peor, se cree en una posición en la que puede hacer lo que quiere. Tiene que entender que, en un momento dado, debe dar el paso para ser verde, no hay ningún futuro para los combustibles fósiles”, alerta esta joven.
Shell es “el mayor contaminante en Países Bajos, emite el doble de gases de efecto invernadero que el resto del país”, justifica De Pater como uno de los argumentos que apoyan legalmente el caso contra la petrolera. “Si empresas como Shell no participan, la lucha climática no tiene sentido y nunca bajaremos a los 1,5 grados centígrados”, dice.
El Panel Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático (IPCC) de la ONU recomienda reducir las emisiones de efecto invernadero en 2030, respecto a los niveles de 1990, para mantener el objetivo del Acuerdo de París de no superar un aumento de la temperatura del planeta de 1.5 grados a final de siglo.
Shell defiende que ya está trabajando en iniciativas ecológicas como parques eólicos en el Mar del Norte, en busca de convertirse en una empresa con cero emisiones netas para 2050, pero eso “es insuficiente por ahora” y eso “representa menos del 5 por ciento de sus inversiones, eso es una gota en medio de todo un océano, el resto sigue siendo gas y petróleo”, añade De Pater sobre el argumento de defensa de Shell.
URGENDA, UN PRECEDENTE LEGAL
Hellendoorn y De Pater creen que ganarán el caso contra la petrolera. “Shell debe hacer, al menos, lo que hacemos el resto del país contra el calentamiento global”, añade la portavoz de Milieudefensie, que subraya que los informes anuales de la empresa delatan sus altas contribuciones a las emisiones de CO2.
Este caso podría tener importantes consecuencias para empresas que extraen combustibles fósiles, y la esperanza de los demandantes tiene que ver con otro gran caso climático ganado el año pasado por la ONG Urgenda en el Tribunal Supremo, que condenó al Estado neerlandés por no trabajar en la reducción de gases de efecto invernadero.
El caso contra Shell pone sobre la mesa dos cuestiones legales: la aplicación a las empresas de los tratados climáticos y el respeto de una petrolera al estándar de protección ciudadana, exigido por el Supremo holandés al Ejecutivo de La Haya para que aplique medidas urgentes que permitan reducir a finales de 2020 las emisiones en un 25 % con respecto a 1990.
