Sanciones. El legislador solicita fincar responsabilidades. / Especial
Gerardo Aguado señaló que hay una serie de irregularidades alrededor del caso que no se han dado a conocer, por lo que se tienen que esclarecer cuáles fueron los delitos cometidos

El diputado local del PAN, Gerardo Aguado Gómez, exhortó a la Auditoría Superior del Estado (ASE) a que informe cuáles serán los procedimientos que se seguirán durante la investigación por el fraude en el que el Poder Judicial de Coahuila perdió alrededor de 126 millones de pesos en la institución financiera Ficrea.

A raíz de la información que se ha dado a conocer en los últimos días respecto al estado en el que se encuentra la investigación, el legislador local señaló que hay una serie de irregularidades alrededor del caso que no se han dado a conocer, por lo que se tienen que esclarecer cuáles fueron los delitos cometidos.

“Los delitos que puede estar abarcando este hecho, por hechos de corrupción, toda vez que se triangula dinero entre una institución crediticia con bancos, se hacen retiros. Podríamos estar hablando de delitos desde peculado grave, colusión de servidores públicos, depende de cuál sea la que determine la Auditoría, la Fiscalía Anticorrupción”, dijo Aguado Gómez.

Pese al tiempo que ha transcurrido desde la inversión fallida, comentó que se debe de revisar la figura de responsabilidades resarcitorias, con el objetivo de deliberar si es posible recuperar los 126 millones de pesos perdidos y fincar las responsabilidades correspondientes.

“Se pueden recuperar buscando que los culpables resarzan los daños por este mega fraude. Hay que buscar la posibilidad de regresar ese dinero y se pueda saldar esa deuda. Hay colusión de servidores públicos, todas las investigaciones dicen que hubo colusión, peculado grave y a través de esta triangulación, también violaciones a la Ley de Instituciones Crediticias, debemos de conocer cuáles fueron los delitos o denuncias de la ASE”, comentó.

Finalmente, el legislador afirmó que es responsabilidad de la ASE y de la Fiscalía Anticorrupción determinar los desvíos, los montos observados y de encontrar irregularidades, llamar a cuentas a los servidores públicos involucrados.