Todo lo que ocurría antes de la pandemia por el COVID-19 nos parece ya un recuerdo lejano. Incluso los acontecimientos de este enrarecido 2020, previos a la crisis sanitaria, nos llegan a la mente como escenas difusas de un mundo que ya no parece ser el mismo. Por ejemplo, ¿recuerda usted el furor por el 8M y el 9M? ¿Recuerda usted la expectativa en torno a que ese par de días incidieran de forma determinante en la agenda nacional y significaran un cambio radical en las políticas públicas de atención a la violencia de género? Fueron días memorables, sin duda. Una marcha feminista vibrante el domingo 8 de marzo y, al día siguiente, el lunes 9, un paro nacional sin precedentes, el histórico #UnDíaSinEllas. Y, sin embargo, la violencia continuó. 11 mujeres fueron asesinadas durante el 8M y 10 más el 9M: 21 feminicidios durante los días en los que se clamó precisamente para que estos crímenes dejaran de ocurrir.

La violencia continuó entonces y ha continuado ahora. Entre enero y agosto se han cometido 645 feminicidios en todo el territorio nacional y los casos más mediatizados de los últimos días muestran que el comportamiento de este delito es tan ubicuo como impredecible, ya que ninguno de ellos ocurrió en las entidades que habían venido liderando el ranking nacional, que según cifras del propio gobierno federal son: el Estado de México (63), Veracruz (47), la Ciudad de México (37), Puebla (36), Nuevo León (35) y Jalisco (29).

El feminicidio de Alondra, la joven saltillense de 20 años hallada muerta en la colonia La Madrid, al sur de la capital coahuilense, cimbró a todo el país, como también los asesinatos de Jessica González en Morelia, Michoacán; de Judith Fernández y su hija Sofía Matus en Cuautla, Morelos; de Noemí Álvarez en la comunidad de San Nicolás en Tequisquiapan, Querétaro; de Nayeli en Comitán, Chiapas; de Carmen “Caramelo”, en Guadalupe, Zacatecas; de la pequeña Michelle, de apenas 3 años en Tepic, Nayarit. Como se ve, ninguno de ellos se perpetró en las entidades del ranking ofrecido hace poco por el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. Eso, por supuesto, sin contar los que han ocurrido sin que nos estemos enterando. El de la pequeña Michelle, por cierto, recuerda un dato desgarrador: de los 976 feminicidios cometidos el año pasado, 144 correspondieron a niñas y adolescentes.

Para situar el foco en Coahuila, la entidad ha tenido una inercia preocupante: recientemente la Fiscalía General informó que en lo que va de 2020 se han abierto 18 carpetas de investigación por feminicidio, con un total de 20 víctimas. La situación es grave porque al año le falta todavía un trimestre y casi se iguala la cifra de todo 2019, que fue de 22 feminicidios y que a su vez duplicó la de 2018, que cerró con 11. 

De hecho, para volver al recuerdo del 8M, aquel día Coahuila abonó un caso a la estadística nacional al reportarse el hallazgo del cuerpo violentado de una joven en un terreno baldío de la colonia Mayrán, en Torreón. Dos meses después, el municipio lagunero también fue escenario de un hecho desgarrador: el triple feminicidio de las hermanas Cecilia, Araceli y Dora, todas ellas trabajadoras del Instituto Mexicano del Seguro Social y que fueron asesinadas en su casa de la colonia Compresora. Y aunque el móvil fue, según la versión oficial del gobierno estatal, el robo, el crimen se tipificó como feminicidio.

Seis meses transcurrieron ya desde aquel par de jornadas históricas, medio año desde el 8M y el 9M, ¿y qué ha pasado? pues que la violencia de género no sólo sigue, por desgracia, irrefrenable, sino que además no se ha instalado como debiera en la agenda nacional. El tema provoca un particular escozor en las autoridades y, lamentablemente, también en buena parte de la ciudadanía. Y, ojo: más allá de movimientos, colectivos y nocivos radicalismos, el combate a la violencia de género nos atañe a todos. Ya bastante polarización existe en todo lo demás como para encima trasladarle también el afán divisionista a un asunto tan urgente.

MANUEL SERRATO
PRÓXIMA ESTACIÓN