En este artículo presentaré una breve reseña histórica de la economía mexicana en los últimos cuarenta años, que sirva para poner en contexto lo que ha ocurrido en este aspecto durante el gobierno de la 4T.

En 1982, al finalizar el gobierno de José López Portillo (1976-1982) se nacionalizó la banca y como resultado la inflación subió a un promedio de casi 100 por ciento cada año, el desempleo creció 15 por ciento entre 1983 y 1985 y hubo caídas drásticas en la producción, principalmente en industrias dependientes del Gobierno.

A partir de 1986, el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) eliminó muchas restricciones al comercio y a los aranceles, instauró un programa de desregulación industrial y agilización administrativa y llevó a cabo una extensa reforma del sector financiero.

El sexenio de Carlos Salinas (1988-1994) se caracterizó por un fuerte crecimiento económico y por privatizar más del 90 por ciento de las empresas paraestatales, con la excepción de la industria petrolera y energética (protegidas constitucionalmente). La desincorporación se realizó en condiciones de poca transparencia y se volvió a entregar el sector bancario a empresarios nacionales y extranjeros.

La crisis económica de diciembre de 1994, poco después de la toma de posesión de Ernesto Zedillo (1994-2000), fue una crisis cambiaria provocada por la súbita devaluación del peso frente al dólar norteamericano, que se convirtió en una de las primeras crisis financieras de la economía globalizada. El precio del dólar pasó de 3.20 pesos al inicio de 1994 a 9.70 pesos a mediados de 1998, incrementando su valor cerca del 300 por ciento en cuatro años, causando la quiebra de miles de compañías, desempleo y que muchos deudores se vieran impedidos de pagar sus deudas.

El gobierno ideó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) que sirvió para convertir en deuda pública la deuda de bancos privados y grandes empresas, comprando con dinero del Estado créditos chatarra que no podrían ser recuperados. Con el paso de los años, las cuentas del fraude del siglo se han vuelto imposibles de pagar y las nuevas generaciones están destinadas a solventar este gasto sin importar las consecuencias. Más de 50 años deberán pasar para que los mexicanos puedan saldar un adeudo que no les corresponde. En la actualidad se considera que el nivel de endeudamiento por intereses que se generaron con el Fobaproa alcanzó los dos billones de pesos, y aunque se le destinen cada año de entre 30 y 50 mil millones de pesos, no es suficiente para que la deuda baje, pues esa cantidad, muchas veces, sólo alcanza para cubrir los intereses.

Con Vicente Fox (2000-2006) se mantuvo la política económica neoliberal establecida desde los últimos años del gobierno de Miguel de la Madrid y profundizada por Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Dichas políticas económicas impulsaron la desregulación y el impulso de la economía de libre mercado, la privatización de empresas del Estado y la apertura a la importación de bienes y servicios.

Felipe Calderón (2006-2012) desde un inicio enfrentó serias dificultades: la crisis de legitimidad derivada de la elección presidencial, la crisis económica mundial de 2008 y el aumento de los niveles de violencia asociados al narcotráfico. En el primer trimestre de 2009, el PIB disminuyó 8.2 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. En 2012, el promedio de crecimiento del PIB fue de 1.9 por ciento, lejos del 3.2 por ciento pronosticado. Ese limitado crecimiento se reflejó en precarias oportunidades de empleo formal y agravó la informalidad, lo que implicó bajos ingresos, reducida productividad y carencia de seguridad social y servicios de salud. De las personas ocupadas, 73.1 por ciento (35.9 millones) percibió ingresos de entre uno y cinco salarios mínimos generales; y la población desocupada pasó de 1.6 a 2.5 millones de 2007 a 2012.

Enrique Peña Nieto (que gobernó en 2012-2018) anunció en 2012 el Pacto por México, firmado por PRI, PAN Y PRD. El presidente y la oposición consensuaron una agenda legislativa que incluyó reformas estructurales, lo que fue un hecho inusual en la política mexicana. Sin embargo, por instrucciones del presidente Peña, Emilio Lozoya entregó 404 millones de pesos a un grupo de legisladores y a un partido político para que aprobaran el mencionado pacto.

Es muy probable que más de 300 mil empresas de las que están registradas al IMSS no paguen ISR.  Sin embargo, el verdadero hoyo fiscal es aquel donde las 400 empresas más grandes del País no pagan impuestos al amparo de la ley, debiendo miles de millones de pesos.

Como resultado de los últimos 40 años, el panorama actual es complejo y las actuales estructuras económicas y financieras son el resultado del intenso proceso de reformas liberales iniciado en los años 80. Desde entonces, todos los presidentes eliminaron subvenciones, privatizaron empresas estatales, redujeron la intervención del Estado, liberalizaron el comercio y condonaron impuestos. Sumado a esto, la corrupción ha despedazado a México siendo uno de los mayores problemas del País.

El ajuste estructural y la consecuencia de las reformas estructurales constituyen las bases de las debilidades de la economía mexicana. Es por eso que el cambio de régimen –entendido como una manera distinta de hacer las cosas– que pretende esta administración radica en la necesidad de un cambio de rumbo y de estrategias. (En mi próxima colaboración, hablaré sobre la economía y la 4T).

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