¿Y la evaluación del desempeño al gasto público en Coahuila?

Los ciudadanos de Coahuila merecemos saber cómo nuestros impuestos se traducen en bienes y servicios públicos que impactan en nuestra calidad de vida y generan desarrollo sostenible.

De acuerdo a la Ley de Ingresos 2017, Coahuila recibirá 36.8 mil millones de pesos en gasto federalizado, que incluye participaciones del Ramo 28, aportaciones del Ramo 33 y Convenios. Con respecto a los ingresos totales, este monto representa el 84%. Dada la magnitud, cabe preguntarnos ¿cuál es el efecto a corto plazo e impacto a largo plazo de esos recursos en la calidad de vida de los coahuilenses? 

Para responder esta pregunta un indicador confiable es el Diagnóstico de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño 2016, que elabora anualmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Éste mide si las entidades federativas implementan el gasto federalizado conforme al artículo 134 de nuestra Carta Magna. Coahuila se encuentra en la posición 17 de 32 con un 75.3 %, justo encima del promedio que es 73 %. En síntesis, los coahuilenses no sabemos en su totalidad sobre el resultado e impacto del gasto público federal, tampoco del estatal y municipal. 

Lejos de frustrarnos, dicha posición debe motivarnos a permear la agenda de evaluación del desempeño al gasto público en Coahuila. Sea federalizado o propio, es nodal que los gobiernos optimicen el recurso financiero que tanto cuesta recaudar. Así, la ciudadanía tendrá certidumbre de que cada peso de sus impuestos se traduce en beneficio suyo. 

En medio del proceso electoral en Coahuila, la agenda anticorrupción es prioritaria y transversal, conforme el Congreso del Estado junto con la Alianza Anticorrupción Coahuila, diseñan la normatividad del Sistema Estatal. Hay un área de oportunidad enorme en que esta agenda en favor de la integridad en el sector público incorpore otras agendas, igual de relevantes. Una de ellas es la evaluación del desempeño al gasto público en Coahuila. 

Las herramientas que esta agenda propone son, por ejemplo, las matrices de programas públicos, los indicadores de gestión y estratégicos, los datos abiertos, el Programa Anual de Evaluación, los aspectos susceptibles de mejora. No obstante, ¿los grupos sociales tienen un espacio en esta? Sí. Ejemplos de inclusión a sociedad civil y especialistas en el tema son el proyecto Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE) y la estrategia Evalúa Jalisco, que generan información pública objetiva sobre los avances del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033 y las políticas públicas del gobierno estatal, respectivamente; así como el Consejo de Evaluación para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (Evalúa CDMX).

Por último, el desempeño de los bienes y servicios públicos que ofrecen el gobierno del Estado y municipios es tema de interés público prioritario para los coahuilenses. Primero, la ciudadanía tiende a integrar una democracia representativa y participativa, a fin de resolver demandas sociales y garantizar el ejercicio de los derechos humanos. Segundo, los ciudadanos contribuyentes esperamos que nuestros impuestos se destinen a un gasto público administrado, como mínimo, con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 

Alberto Vélez Valdés
Investigador en el Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica
Twitter: @AlbVelez2707 
Página Web: www.albertovelez.mx