ASE de Coahuila, en sus denuncias no puede acceder a expedientes ni impugnar omisiones
La Auditoría Superior del Estado, en sus denuncias, incluidas las de la mega deuda, en ninguna tiene acceso al expediente, tampoco tiene derecho a impugnar omisiones de los ministerios públicos
En las más de 300 denuncias penales que ha interpuesto la Auditoría Superior del Estado, (ASE) en su historia, incluidas las de la mega deuda, en ninguna tiene acceso al expediente, tampoco tiene derecho a impugnar omisiones de los ministerios públicos, injerencia en la reserva de los casos, oponerse al no ejercicio de la acción penal, desistimiento y suspensión del procedimiento.
Lo anterior sucede porque la ASE no está reconocida ni en la Constitución de Coahuila, ni en la Ley de Fiscalización con el carácter de víctima u ofendido: por lo cual al interponer una denuncia ante la Fiscalía General o Fiscalía Anticorrupción, sólo tiene derecho a conocer el estatus de la denuncia.
Ante esta omisión en las leyes de Coahuila, la Auditoría, a través de un apartado del Informe de Resultado de la Cuenta Pública 2020, está solicitando al Congreso del Estado una reforma que faculte al órgano técnico fiscalizador como víctima u ofendido, para tener derecho a intervenir en el proceso.
La ASE advierte al Congreso de Coahuila, que de no otorgarle la facultad, seguirá la percepción de impunidad contra quienes cometieron saqueo de las arcas públicas y se incrementarán los actos de corrupción en el estado.
PERCEPCIÓN DE IMPUNIDAD
“De no acreditarse la existencia de un interés jurídico a favor de la ASEC dentro de los procedimientos en que es parte, conllevaría a hacer nugatorias las facultades concedidas a este Órgano de Fiscalización Superior, derivando no sólo en la percepción de impunidad por parte de la ciudadanía, si no en la verdadera existencia de falta de sanción a los delitos vinculados al servicio público”, se explica en la petición hecha al Congreso.
Además agrega que otra consecuencia sería la disminución del fincamiento de responsabilidades por hechos ilícitos derivados del ejercicio irregular de la función pública, reforzando la incidencia de actos de corrupción e incrementado la opacidad de la gestión financiera de los recursos públicos.
También, la ASE advierte a los legisladores locales que “se deja al arbitrio de la autoridad competente el cierre anticipado de los procedimientos penales interpuestos por la ASE, lo que tiene como consecuencia la falta de sanción a los servidores públicos estatales y municipales y, en su caso, a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como la omisión en la recuperación del menoscabo sufrido en el patrimonio de las entidades en el estado de Coahuila”.
