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Una vez más, los maestros y miembros de la Coalición Magisterial de Coahuila acudieron a la Comisión de los Derechos Humanos en la entidad para hacer llegar dos denuncias en contra de autoridades estatales y municipales.
Los maestros pertenecientes al grupo poblacional de 60 años y más, entregaron además como documentos adjuntos, dos memorias tipo USB en donde almacenaron distintos hechos que comprueban las presuntas agresiones de las que fueron víctimas en dos ocasiones por parte de la autoridad de seguridad.
“Presentamos dos quejas relacionadas con el atropello por el que resultaron afectados los integrantes de la Coalición de Trabajadores de la Educación el 14 de septiembre.
“Estas quejas se refieren a la violación de nuestro derecho de manifestación, de libre tránsito, de libre expresión, del derecho de propiedad por que nuestros objetos fueron sustraídos de manera ilegal e indebida, adempas del acto violento de desalojo que se llevó a cabo por corporaciones policiacas del Estado”, manifestó el profesor Gustavo García, después de hacer entrega de las quejas.
El encargado de dar seguimiento al caso es el visitador Miguel Ángel Urrutia de la Torre, quien dio a conocer que en este momento existen dos carpetas de investigación; una que se lleva de oficio y otra más que se encuentra en averiguaciones.
“Se encuentran abiertas dos investigaciones, la primera es de oficio por parte de esta Comisión para indagar los hechos de los que denuncian ser víctimas, con respecto a los hechos que se suscitaron el sábado anterior, en donde fue detenido el profesor (Gustavo García), otra más, que es una denuncia personal, se le dará el seguimiento en lo que respecta”, señaló el visitador.
DENUNCIAS SIN RESPUESTA
El plantón que tenía más de 100 días instalado en la Plaza de Armas de Saltillo, a decir de los maestros, buscaba una solución al pago de millones de pesos a la Dipetre y al Servicio Médico del Magisterio, además de la dotación de personal médico, tratamientos y medicamentos para el sector’.
Sin embargo, la Coalición indicó que no se cuenta con información sobre el estatus de estas investigaciones. De acuerdo con las cifras, las irregularidades suman mil 300 millones de pesos, afirmaron.