Oculta Secretaría de Fiscalización de Coahuila nombres de funcionarios sancionados
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Entrega a medias informe a la Auditoría Superior del Estado; reporta procedimientos como ‘concluidos’
La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas ha omitido informar a la Auditoría Superior del Estado (ASEC) sobre los nombres y castigos impuestos a los servidores públicos sancionados con motivo de revisiones a la cuenta pública y auditorías especiales, como el caso de las “empresas fantasmas”.
En el Informe del Seguimiento a los Resultados de Fiscalización Superior, al segundo semestre de 2019, emitido por la Auditoría, la Secretaría de Fiscalización no informa con claridad sobre la sanción y la persona, con base en las auditorías realizadas por la ASEC.
En el apartado “Responsabilidades administrativas derivadas de las auditorías especiales realizadas con motivo del cumplimiento de los puntos de acuerdo turnados a la Auditoría Superior del Estado por la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública del Congreso del Estado”, la mayoría de los entes públicos dan a conocer el nombre y la sanción aplicadas, por las observaciones hechas por la Auditoría.
Sin embargo, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, que tiene las funciones de órgano de control interno de todo el Poder Ejecutivo, solo se concretó a informar que la resolución es “concluido”.
La Secretaría dio a conocer que se aplicó procedimiento administrativo a personas que laboran en la Secretaría de Finanzas, Servicios de Salud de Coahuila, Instituto Estatal del Deporte, y la misma Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, pero están pendientes sanciones en el Poder Ejecutivo.
“En los procedimientos informados como ‘Concluidos’, la Secretaría (de Fiscalización y Rendición de Cuentas) no especifica la sanción correspondiente”, señala la ASEC en su informe.
Algunos de estos procedimientos tienen relación con las observaciones realizadas por la Auditoría en materia administrativa en el tema de las empresas fantasmas, que recientemente ha cobrado fuerza de nuevo porque los legisladores locales buscan conocer los resultados, pero en materia penal.
