Juan Alfredo Reyes Ramos
El pasado 21 de junio, en el Congreso local, se aprobó un dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la actual Legislatura, referente a la iniciativa presentada por la diputación priísta para reformar el Código Electoral, reforma que fue recibida con beneplácito por muchos y con cierta reserva y cuestionamientos de la oposición.
El pasado 21 de junio, en el Congreso local, se aprobó un dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la actual Legislatura, referente a la iniciativa presentada por la diputación priísta para reformar el Código Electoral, reforma que fue recibida con beneplácito por muchos y con cierta reserva y cuestionamientos de la oposición.

Lo cierto es que dicha reforma impulsada por el PRI, es un logro legislativo que fortalece nuestra democracia en un escenario nacional adverso, de crisis política y económica, de violencia extrema, fenómeno que ya llegó a los procesos electorales, en un entorno de ingobernabilidad, donde ya se habla de un Estado fallido, con amplias zonas en extrema debilidad institucional y sin las garantías que otorga la supremacía Constitucional. Y como si no fuera suficiente este "momentum catastrophicum" que vive México, hay que citar el desafío expuesto en el último comunicado del Ejército Popular Revolucionario, que al cumplir 14 años de su irrupción como guerrilla, hoy nos hace la advertencia de que los cambios democráticos en México ya no pueden darse por la vía pacífica. Pese a lo anterior, es justo reconocer que en Coahuila, los actores políticos, los partidos, activistas, intelectuales, entre otros, tienen hoy la voluntad de sujetarse al Estado de derecho y conducir por la vía pacífica sus inquietudes políticas y anhelos democráticos.

De ese modo llega a nosotros la "Reforma Electoral Coahuila 2010", impulsada por el PRI estatal y su líder Rubén Moreira Valdez, a través de la bancada priísta en el Congreso local, iniciativa cuyas motivaciones parten de una visión autocrítica de lo realizado a nivel local e incluye, el acatamiento de lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con respecto a las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por los partidos de oposición ante la Corte con respecto a varias normas del Código 2009. Y es que en todo sistema democrático, la oposición a las mayorías es perenne y, más que eso, necesaria. Aunque es obligado aclarar que de igual modo, nunca faltan los demócratas trasnochados que a la menor provocación, les da por señalar un supuesto déficit democrático en todos los procesos políticos que se presentan y, con ese argumento, de inmediato exigen soluciones acordes a su concepción personal respecto a lo que es o debe ser la democracia.

Son los clásicos opositores cuadrados, muy reacios a entender que los resultados de los procesos democráticos no siempre son aceptables para todos, porque, como afirman los especialistas, la democracia en condiciones de aplicación práctica no es un sistema procesal puro, sino imperfecto, con distorsiones inevitables en muchos órdenes y sistemas. Asimismo, es necesario dejar establecido que los partidos políticos, según Max Weber, son realidades sociológicas políticamente dominantes que tienen como criterio básico la búsqueda del poder. De igual modo, la "real politik" nos ha enseñado que los partidos son ante todo organizaciones de lucha, con disposición a la táctica del ataque. ¿Se imagina usted qué leyes impulsaría el PAN si tuviera mayoría absoluta en el Congreso local? Eso ya lo conocemos en algunas entidades con mayoría panista, donde son intolerantes con la oposición, a la cual, sin ningún miramiento, mayoritean y avasallan.

Sea pues bienvenida esta nueva norma electoral inspirada en el realismo político de Coahuila donde, no obstante que la bancada priísta es mayoría en el Congreso local, se convocó a foros de opinión para enriquecerla, lo cual socializa el poder y justifica ampliamente la legitimidad política de esta nueva reforma electoral.