Miguel Angel Granados Chapa
Al fragor del combate electoral se ha construido una disputa basada en el cinismo: mediante la violación
a la ley que castiga las interferencias telefónicas se han conocido actitudes y relaciones igualmente expuestas al reproche de las leyes electorales y aun las penales. Se pretende entonces condenar el espionaje telefónico sin reparar en los contenidos de las conversaciones indebidamente obtenidas, o buscando lenidad para las intromisiones se pone el acento en los dichos de los sorprendidos por los entrometidos.
Al fragor del combate electoral se ha construido una disputa basada en el cinismo: mediante la violación
a la ley que castiga las interferencias telefónicas se han conocido actitudes y relaciones igualmente expuestas al reproche de las leyes electorales y aun las penales. Se pretende entonces condenar el espionaje telefónico sin reparar en los contenidos de las conversaciones indebidamente obtenidas, o buscando lenidad para las intromisiones se pone el acento en los dichos de los sorprendidos por los entrometidos.

¿Y quién es más de culpar?, se pregunta sor Juana antes de emitir su dictamen: aunque cualquiera mal haga. Así ocurre en este falso dilema. Unos y otros violentan la ley y atentan contra la convivencia, convirtiendo los procesos electorales no en oportunidades de conseguir consensos sino en furiosas riñas por el poder y el dinero, en que se es válido el empleo de toda suerte de instrumentos. Escapemos, por lo tanto, al sofisma que enfatiza la vulneración del derecho practicada por el adversario y elude la propia responsabilidad por decir y hacer contra la ley. El episodio actual comenzó el miércoles 16 de junio con la publicación en el diario Excélsior de varios diálogos del gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, con candidatos priístas a alcaldías y diputaciones. César Nava, líder del PAN, presentó el mismo día nuevas conversaciones del propio ejecutivo veracruzano. El lunes siguiente Carmen Aristegui dio a conocer cuatro conversaciones del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, con su jefe de prensa, con el presidente del instituto electoral y con su presunto heredero, o su heredero fallido según decidan los votos el próximo domingo.
Los gobernadores espiados, y el PRI, su partido, demandaron el esclarecimiento de las interferencias. Llegaron a sugerir que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) estaba involucrado, pero bastó una rotunda negativa del secretario de Gobernación, a quien se le confirió crédito inmediato, para abatir el nivel de la acusación. Se aludió entonces vagamente al Gobierno mexiquense, y pudieron haberse citado otros antecedentes relacionados con políticos priístas. Intervenir comunicaciones telefónicas "sin mandato de autoridad judicial competente" entraña ciertamente un delito, tipificado en el artículo 177 del Código Penal Federal, y castigable con pena corporal de seis a 12 años de prisión y penado también con multa de entre 300 y 600 días de salario mínimo, lo que significa como sanción máxima alrededor de 33 mil pesos, calculada en números gruesos. Como muchos otros, es un delito generalmente impune. Acusaciones célebres, como la presentada por Jorge G. Castañeda tras ser interferida una conversación suya con Elba Esther Gordillo -sorprendida con no pocas intromisiones reveladas entonces-, no fueron investigadas o no se divulgaron los resultados de la indagación y, en consecuencia, nadie fue al menos por seis años a la cárcel. También está penada la divulgación de conversaciones privadas conocidas por intervenciones telefónicas ilegales. La ex subsecretaria de Comunicaciones Purificación Carpinteyro, a todas luces sujeta a una embestida desde

Los Pinos, de cuyo huésped principal fue condiscípula, amiga y colaboradora, está sujeta a un proceso por la comisión de ese delito, tipificado en el artículo 211 del Código Penal Federal, que estipula sanciones semejantes a las aplicables a los espías telefónicos, a "quien, revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro, información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada". Con razón la antigua directora general del Servicio Postal Mexicano ha hecho notar el doble rasero de que se la persiga penalmente por una conducta (que además no cometió, pues entregó al secretario de Gobernación, por instrucciones presidenciales, el disco que le fue entregado a ella por Héctor Osuna, el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones que huyó de su cargo) semejante a la de César Nava, que públicamente revela las conversaciones de Herrera y se hace eco de las de Ruiz. Los periodistas que en Excélsior y en MVS dieron a conocer los dichos privados de los gobernadores de Veracruz y de Oaxaca, ¿incurrieron en el delito establecido por el artículo 211? Nadie los ha acusado por ello, y si alguien lo hiciera y se iniciara averiguación y aun proceso contra ellos, una adecuada interpretación de dicho artículo los pondría a salvo, haría que todo juez los exonerara. La clave está en el adverbio indebidamente. Ellos no procedieron de ese modo, sino al contrario, al divulgar las conversaciones cumplieron con las reglas de su oficio, consistentes en dar a conocer información de interés público que implica la violación de la ley. Cumplieron debidamente con su profesión. Tampoco les sería aplicable la ley en el otro extremo de la hipótesis legal: cuando la divulgación de lo interferido cause perjuicio a otro, porque ni Herrera ni Ruiz, protagonistas de las conversaciones escuchadas ilegalmente, ni otras personas mencionadas allí enfrentarán ningún problema, salvo quizá Raúl Castellanos, el jefe de prensa de Ruiz, ahora comisionado a la campaña de Eviel Pérez, su delfín, quien ha de haber sufrido una reprimenda atroz del gobernador oaxaqueño. Los dos políticos priístas quedarán impunes a pesar de que sus conversaciones pueden entrañar la práctica de delitos. Herrera, presuntuoso, ufano consigo mismo porque, "en pleno ejercicio del pinche poder", dispone del dinero público, notoriamente lo hace sin atenerse a las reglas presupuestales. A sus interlocutores todos los invita a pedir, que él está en situación de dar. Hasta invita a uno de ellos a no ser avaro con sus coordinadores de campaña, ávidos de recursos: "dales a todos". En un caso parece haber datos suficientes para que la legislatura local, o el órgano fiscalizador de ese cuerpo, inicie una investigación: ofreció, y seguramente entregó, 10 millones de pesos a Renato Tronco Gómez, candidato a alcalde de Las Choapas, para que termine un camino cuya construcción era promesa de campaña. Y comprometió a su propio delfín, Javier Duarte -que resulta mal parado en la ronda de las conversaciones ahora conocidas, porque Herrera lo descalifica y él aparece como sumiso acatador de sus instrucciones-, a que se encargue de que aquel dinero llegue a su destino, suministrado por Guillermo Herrera, descrito por su tocayo de apellido como secretario dedicado ex profeso a repartir recursos.

Ruiz, por su parte, se exhibe a sí mismo como jefe de campaña de Eviel Pérez, que fue su secretario de Obras Públicas. Acuerdan estrategias, siempre en tono de subordinación del candidato al Gobernador.

Se mofan soezmente de una funcionaria del gobierno de Murat que denunció haber sido violada: "sí, cabrón, no tiene madre esa pinche loca", "pinche vieja pendeja", "cabrón no se la voy a dejar pasar". Implican también en su conversación tabernaria a las esposas de Gabino Cué y de Felipe Calderón.
En los telefonemas de Ruiz con Castellanos, su mencionado jefe de prensa, éste implica en sus estrategias a dos grupos de comunicación de la Ciudad de México y al director de uno, que reaccionó con furor verbal. Castellanos, por otro lado, critica la práctica de la equidad en el Canal 9, gubernamental: "ahí está Corral madreándonos... Yo creo que es un error que el Canal 9 esté metido en las campañas: te lo digo con gran respeto, cabrón, para que tú lo valores".

Pero la conversación filtrada más importante, la más trascendente, la sostiene el Gobernador de Oaxaca con el árbitro electoral, que por definición debería mantenerse al margen de todo con tacto con el ejecutivo. José Luis Echeverría, presidente del consejo del instituto electoral ofreció un informe a Ruiz, como quien lo hace a un superior. Le da cuenta del manejo de las boletas electorales y de pormenores relacionados con funcionarios electorales. Antes de despedirse, Echeverría no pierde la ocasión de ser gestor de sí mismo: "Oiga, y aprovecho de una vez... ahí lo que tiene usted pendiente conmigo, ¿no?". "Si, sí, lo veo mañana llegando". "Gracias, hasta luego".
Ya había resquemores en la oposición por el comportamiento del árbitro. La conversación los acrecienta. Y nada pueden hacer. A Echeverría lo nombraron los diputados, dice él mismo. Y sólo ellos pueden removerlo.
miguelangel@granadoschapa.com