Miembros del ejército nicaragüense cerca del estuario del río San Juan, en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica. (imagen del 26 de noviembre). Foto: DPA
Ernesto Ramírez/DPA
El paso del tiempo y la presencia de soldados nicaragüenses en el punto en disputa, que ahora ambos países reclaman como suyo, comienza a desesperar a algunos sectores políticos costarricenses
SAN JOSÉ.- Costa Rica, país centroamericano de 4,5 millones de habitantes, se enfrenta en la actualidad a un enorme dilema: denuncia que una pequeña porción de su territorio fue invadida militarmente por Nicaragua desde octubre, pero no tiene ejército para "repeler" la incursión.

Se trata de un conflicto cuyo escenario es el sector de Isla Calero, en la margen derecha del fronterizo río San Juan, que en un tramo de unos 140 kilómetros sirve de límite entre los dos Estados.

Hasta ahora el gobierno costarricense optó por recurrir, sin resultado alguno, a la vía del derecho internacional, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

El paso del tiempo y la presencia de soldados nicaragüenses en el punto en disputa, que ahora ambos países reclaman como suyo, comienza a desesperar a algunos sectores políticos costarricenses que no ocultan el deseo de que el gobierno recurra a medidas de fuerza para desbaratar la denunciada invasión.

Pero lo que sucede es que el país está atado de manos en esa materia. El pasado 1 de diciembre se cumplieron 62 años de la abolición del ejército, medida mediante la cual el pequeño Estado centroamericano, de 51.100 kilómetros cuadrados dijo adiós al militarismo.

Fue un 1 de diciembre de 1948, cuando el ya desaparecido caudillo político, José Figueres, tomó la audaz decisión de erradicar, constitucionalmente, la existencia de fuerzas armadas como institución permanente.

La medida sorprendió en aquel entonces a propios y extraños y al mundo entero, debido a que la abolición del ejército se produjo pocos meses después de que Figueres resultara triunfante en una revuelta armada para defender la pureza del sufragio, confrontación que dejó al menos 2.000 muertos.

Además del "ejemplo" que el país dio al mundo, según dicen analistas  políticos después de más de seis décadas, se trató además de un gran "negocio", pues los presupuestos que se canalizaban a las cuestiones militares fueron dirigidos a programas de bienestar social, educación y salud.

Con el tiempo, los frutos de la abolición de las fuerzas armadas sirven de "orgullo" a los gobernantes de la pequeña nación para demostrar al concierto de naciones que un país puede vivir sin ejército y sin el lastre que para muchos Estados, especialmente latinoamericanos, ha significado el militarismo.

Sesenta y dos años después, Costa Rica es el país más desarrollado de Centroamérica y se encuentra situado entre los seis primeros lugares en América Latina por su mejor índice de desarrollo humano.

La alfabetización supera el 90 por ciento, hay atención médica universalizada, enseñanza primaria gratuita y obligatoria, la pobreza llegó en la última encuesta de hogares a 21,3 por ciento, el país es líder en el istmo centroamericano en exportaciones (unos 8.000 millones de dólares anuales), se ubica en tercer lugar en el mundo en el índice de desempeño ambiental y es tercero en Latinoamérica por su índice de calidad de vida.

"La abolición del ejército ha sido quizá la decisión más importante (adoptada por el país) hace 62 años. Ha significado hacer una apuesta a la vida, una apuesta al desarrollo social, una abolición a la tentación autoritaria y a la madurez de su población, que cada vez que hay alguna provocación reacciona con el uso de la herramienta del derecho internacional", dijo a dpa la presidenta Laura Chinchilla.

"Sin lugar a dudas, esto le permitió al país alcanzar niveles de desarrollo más altos que en el resto de la región centroamericana. Explica mucho la diferencia entre Costa Rica y el resto de Centroamérica y el que no hayamos enfrentado las situaciones dolorosas por la que atravesó la región y de las intentonas (golpistas) militares y conflictos intestinos que tantas vidas costaron", añadió la mandataria.

Tras la abolición de las fuerzas armadas, la seguridad de Costa Rica descansa sobre una Fuerza Pública compuesta en la actualidad por unos 11.000 policías. Esta fuerza no tiene aviones o helicópteros artillados, ni marina, tanques, ni siquiera un obús, y no existen rangos militares, los grados como general o coronel quedaron en el olvido, y desapareció para siempre la carrera militar.

"Esto es lo que nos hace orgullosos, pero hay que aclarar que el no tener ejército no quiere decir que estamos indefensos", explicó el ministro de Seguridad Pública, José María Tijerino, un abogado y ex-fiscal general.

Desde hace mucho tiempo los ministros de Seguridad son civiles. Ese cargo lo ocupó tiempo atrás la actual presidenta Chinchilla, y la anterior titular, Jannina del Vecchio, es una catedrática universitaria.

A raíz del diferendo fronterizo que estalló en octubre con Nicaragua, Tijerino dijo que se plantea la necesidad de profesionalizar a los cuerpos de policía e integrar una policía de fronteras "bien armada y capacitada" que haga respetar los linderos del país.

No obstante, aclaró que en ningún momento eso significa la posibilidad de una restitución del ejército. "Costa Rica, como ocurrió en el pasado, tendrá como principal arma el derecho internacional" dijo el Ministro a dpa.

La relación del presupuesto que el Estado destina a Seguridad, en su totalidad, corresponde apenas al 0,69 del Producto Interno Bruto (29.240 millones de dólares), y al 0,03 por ciento del presupuesto nacional, dijo Tijerino.

El ministro también habló de la "ganancia" que significó la abolición del ejército: "se eliminó el poder político de los militares, permitió destinar esos recursos a proyectos de inversión social, educación, salud y al crecimiento de la producción y la economía".

Pese a las desavenencias con su vecino, y a los clamores de algunos sectores que creen aún en la vía militar, "el ejército ya dejó de ser una tentación en Costa Rica. El derecho internacional y los instrumentos jurídicos seguirán marcando el norte del país", sentenció Tijerino.