Critican diputados pérdida de licencias
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Sin control sobre las licencias del programa Enciclomedia, la Secretaría de Educación Pública (SEP) debe decidir si elabora una versión distinta del programa o sustituye el software instalado en 122 mil primarias del país con un nuevo producto educativo, emplazó el grupo de diputados federales que investigó la operación del proyecto.
El cuerpo legislativo requirió una "profunda investigación de la autoridad competente" para esclarecer los términos de los contratos de cesión de derechos de la "herramienta compilada".
La investigación detectó pagos de la SEP al Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE) de mil 316 millones de pesos para el desarrollo del programa en custión.
No obstante, funcionarios de la dependencia, durante el sexenio foxista, consintieron que el matemático Felipe Bracho Carpizo registrara la marca y conservara los derechos para su comercialización.
Actualmente, la SEP sólo puede distribuir el programa en escuelas públicas y privadas de educación básica en México y Latinoamérica.
Para los legisladores, esa situación es anómala y contraproducente, pues Enciclomedia no puede ser usado de manera individual e independiente por alumnos, profesores ni padres de familia en sus computadoras personales.
"Al no tener los derechos de autor, la SEP está impedida de distribuir Enciclomedia libremente a instituciones e individuos que deseen adquirirlo fuera de México y AL y tampoco permite que se haga extensivo a escuelas de educación media superior y superior del país, entre otros potenciales usuarios."
En el informe no hay referencias directas a Bracho Carpizo, quien desarrolló el primer prototipo de Enciclomedia hace ocho años, cuando trabajaba en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. "El propietario de los derechos de autor del programa lo está explotando de manera individual, a través de negociaciones lucrativas a nivel internacional", dice el informe. En agosto del año pasado, detalla, Carpizo decidió de manera irregular "triangular" la cesión de los derechos patrimoniales, cuando pudo hacerlo directamente a la SEP.
