LA JORNADA
La Cámara de Senadores rechazó los términos de la iniciativa de reforma judicial del presidente Felipe Calderón, en la que se dan facultades a las policías para intervenir teléfonos, realizar cateos o arraigar a presuntos responsables sin contar con la orden de un juez, ya que, externaron los legisladores, México carece de personal calificado y confiable en los distintos cuerpos de seguridad pública que garanticen la prevalencia de los derechos humanos sobre la aplicación de leyes específicas.
México, D.F..- En su exposición de motivos, la iniciativa de Calderón, enviada al Congreso en marzo, justifica tales facultades extraordinarias a las policías, al señalarlas como un mecanismo para enfrentar con éxito a la delincuencia organizada, argumento que los legisladores y especialistas calificaron de insuficiente, en razón de la falta de preparación de los encargados de aplicar la normatividad en el supuesto de que el Congreso aprobara la propuesta presidencial en sus términos.

Tampoco se sostiene, señalan integrantes de la Comisión de Justicia del Senado, ya que reduciría a los mexicanos a estar sujetos a la discrecionalidad de cuerpos de seguridad sin entrenamiento adecuado, infiltrados por el crimen organizado, y terminaría con la garantía de inocencia hasta la comprobación de una conducta ilícita.

Reconocen, sin embargo, que hacen falta reformas que incidan en las organizaciones delictivas de manera efectiva, para reducir la creciente inseguridad en el país, aunque en el caso de la reforma presentada por el Ejecutivo federal si bien se entienden sus alcances, no puede dejarse de lado la observancia de los derechos humanos.

Uno de los argumentos que destaca la iniciativa presidencial es el hecho de que otras naciones cuentan con organismos de seguridad pública especiales, mismos que han sido facultados para realizar acciones de intervención telefónica o aplicar arraigos sin la orden de un juez, pero los legisladores insisten en que México no tiene cuerpos de seguridad calificados para tal propósito y, por el contrario, se coloca a la ciudadanía en riesgo de que sus derechos humanos se vean afectados por abusos policiales.

Por ello, en la Comisión de Justicia del Senado, uno de los acuerdos tomados casi por consenso en el dictamen que estaría listo el próximo mes es la necesidad indispensable de la orden de un juez para llevar a cabo cualquier tipo de intervención policiaca, por lo que en la reforma judicial propuesta por Calderón se dejarán a salvo las garantías individuales.

A cambio, se prevé la conformación de un grupo de jueces que estarán disponibles las 24 horas del día para atender sin dilación las peticiones justificadas de las policías para conceder las órdenes correspondientes, mismas que se podrían obsequiar, inclusive, vía telefónica o por correo electrónico. La selección de estos jueces especiales, entre ocho y nueve para atender las demandas de todas las entidades, quedaría a cargo del Poder Judicial.

Esto con el fin de prevenir filtraciones o "pitazos" que alerten a las organizaciones criminales, y hacer efectiva la intervención policial.