Londres, Inglaterra.- El personal médico y de enfermería no debe participar en ejecuciones ordenadas por el Estado mediante inyecciones letales que contravengan su juramento ético, señala Amnistía Internacional en un informe.
El documento, "Ejecución por inyección letal: un cuarto de siglo de muertes por envenenamiento a manos del Estado", examina las repercusiones jurídicas y éticas que entraña la utilización de la inyección letal en distintas partes del mundo.

Según Jim Walsh, coordinador de Salud y Derechos Humanos de AI, "los profesionales de la salud reciben formación para trabajar en favor del bienestar del paciente, y no para participar en ejecuciones ordenadas por el Estado".

Walsh observa que "la manera más simple de resolver los dilemas éticos que plantea el uso de médicos y enfermeras para matar es proceder a abolir la pena capital".

Desde 1982, un número muy superior a mil personas han sido ejecutadas con ese método en distintas partes del mundo: tres en Guatemala, cuatro en Tailandia, siete en Filipinas, más de 900 en Estados Unidos y "cientos, tal vez miles en China", donde las ejecuciones son un secreto de Estado, según recuerda AI.

En los casos de ejecución por inyección letal se suele inyectar una dosis masiva de tres sustancias químicas: tiopental sódico, que provoca una rápida pérdida del conocimiento; bromuro de pancuronio, que causa parálisis muscular; y cloruro de potasio, que produce un paro cardiaco.

La profesión médica ha expresado preocupación ante el hecho de que, de aplicarse una cantidad insuficiente de tiopental sódico, el efecto anestésico puede pasar antes de que se paralice el corazón del condenado, lo cual le expondría a sufrir un dolor insoportable.

"El uso de la inyección letal no resuelve los problemas inherentes a la pena de muerte: su crueldad, su carácter irreversible, el riesgo de que se ejecute a una persona inocente, su aplicación discriminatoria y arbitraria, y su inutilidad para el control efectivo de la delincuencia", apunta Walsh.